El PP presentará en el Congreso una PNL relativa a la validez de las juntas de propietarios de forma telemática

Los cargos públicos y orgánicos del PP Tenerife escucharon los temores de los representantes de los administradores de fincas por los retos a los que se enfrenta el sector tras los estragos de la pandemia.

Estos profesionales han pedido que “es indispensable adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar el funcionamiento de los edificios” aseguró Luis García, presidente del colegio profesional de Administradores de Fincas.

El guante fue recogido por la diputada del PP, Ana Zurita quien aseguró que su formación política trabaja en una proposición no de ley para dar mayor estabilidad jurídica al colectivo en su trabajo diario con las comunidades de vecinos.

Además, Zurita reclamó al gobierno que es necesario adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar el mejor funcionamiento de todos los edificios ante el reto de gestionar una situación muy difícil por las restricciones sanitarias habidas por el covid19.

Por otro lado, la diputada del PP escuchó los temores del colectivo profesional ante la posibilidad de que llegue tarde la financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento imprescindible para la agilización de proyectos y obras de rehabilitación.

Precisamente se ha conocido a través de las patronales del serio riesgo, que existe en perder los 34.490 millones de euros previstos por la Unión Europea para el sector de la construcción y vivienda.

El retraso en la gestión de tramitación de proyectos y el reto que supone para la administración española superar trabas burocráticas suponen un peligro real para poder abarcar la ingente gestión de financiación europea.

Por otro lado, los populares escucharon nuevas quejas de los administradores de fincas en torno a la ocupación ilegal de viviendas públicas y privadas. Sobre todo tras las últimas decisiones del gobierno social comunista que incitan a ocupar espacios privados frente a la propuesta del PP que instaba al desalojo de ocupas en 12 horas y permitían herramientas jurídicas más precisas a las comunidades de vecinos.