El intento de renovar a toda costa el Consejo General del Poder Judicial, tal como promueven PSOE y Podemos, representa uno de los ataques recientes más graves a la separación de poderes en España y pone en riesgo algo más que la imagen de nuestro país en el exterior.
Que la Fiscalía del Estado dependa directamente del Gobierno ya es una anomalía considerable, máxime si para el cargo se elige a una exministra y exdiputada claramente alineada con el partido en el poder -como es el caso de la actual Dolores Delgado-. Que ahora se pretenda, además, alterar el sistema de elección para renovar la cúpula de los jueces sin tener en cuenta la mayoría cualificada de tres quintos del Congreso devalúa considerablemente la calidad democrática de quienes tienen la responsabilidad de Gobierno.
PSOE y Podemos han promovido una iniciativa para reducir la mayoría necesaria para nombrar a los 12 vocales del CGPJ que eligen los grupos parlamentarios. Si hasta ahora eran necesarias las citadas tres quintas partes de la cámara -lo que obligaba sí o sí a un entendimiento entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP-, el proyecto sobre la mesa pretende exigir solamente una mayoría absoluta que el Gobierno de Sánchez podría lograr fácilmente con los grupos que apoyaron la investidura, con un arco que abarca desde independentistas a partidos minoritarios.
Este quebrantamiento del espíritu constitucional -y de los propios postulados de PSOE y Podemos hasta hace tan sólo unos meses- ha sido interpretado como un asalto para controlar la justicia, precisamente, en un momento en que el vicepresidente Iglesias se enfrenta a una petición de imputación por tres delitos. La fórmula permitiría sortear el veto del PP, que el partido de Casado está decidido a mantener si Podemos interviene en la elección de vocales, después de que los de Iglesias ataquen sin complejos a la jefatura del Estado -con continuas referencias a un "horizonte republicano"- o se hayan manifestado a favor de un referéndum en Cataluña, entre otras cuestiones.
El problema es que la fórmula elegida por el Gobierno equivale a dar una patada al tablero. La excusa de querer recuperar la normalidad institucional mediante una reforma exprés de la Ley toca directamente los fundamentos de la separación de poderes en un Estado de derecho, lo que resulta inaceptable.
El futuro de la iniciativa es incierto, pues podría acabar en el Tribunal Constitucional o ser retirada por la presión de Europa, en un momento de negociación de ayudas para la recuperación de la crisis y después de que las instituciones europeas hayan considerado antidemocráticas acciones similares en Hungría y Polonia, quienes ya se han apresurado a señalar el caso de España.
La opción más beneficiosa para la sociedad española sería la más lógica: la colaboración de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, en esto y en todos aquellos puntos determinantes para el progreso de la sociedad, como la elaboración de los presupuestos, la redacción de un programa de reformas o el establecimiento de un plan de reactivación económica. Todas las opciones políticas elegidas por los ciudadanos son legítimas, pero las dos que suman 209 diputados, elegidos por más de 11 millones de votantes, y que acumulan años de experiencia de gobierno deberían tener una mayor capacidad de entendimiento. Es, posiblemente, un mundo utópico que, sin embargo, en países como Alemania está más que experimentado.
Recuperar el diálogo y evitar actuaciones antidemocráticas deberían ser objetivos a corto plazo, especialmente por parte de quienes están en el Gobierno y tienen la responsabilidad de dar el primer paso. No hacerlo, devaluará considerablemente nuestra democracia y arrojará por la borda los esfuerzos realizados durante los últimos 40 años para homologarnos con los países de nuestro entorno.
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