La Fase 3 no llegará esta semana al sector del ocio. Discotecas y salas de fiesta quedan relegadas del inicio de actividades a pesar de tener aprobado por el Ministerio de Industria un protocolo de actuación que -al igual que otros sectores turísticos- ha sido elaborado por el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE). El estigma de este sector es considerar los locales como posibles focos de propagación del coronavirus, sin mediar más argumentos ni tener en cuenta las prevenciones desarrolladas por el propio sector para evitarlo.
Además del serio problema económico que agrava los ya acumulados por el sector desde marzo- cuando se cerraron las actividades consideradas no esenciales en el inicio del estado de alarma-, la decisión puede significar el aumento de no pocos contratiempos en materia de orden público y salubridad. El ocio no se puede cerrar por decreto, de forma que si aquellos que lo buscan no lo encuentra en los locales creados para tal fin, lo acabarán disfrutando en lugares no necesariamente idóneos ni seguros como playas, paseos, parques o domicilios privados.
Que la alternativa a las discotecas sean las aglomeraciones incontroladas, el botellón callejero o el escándalo vecinal es mala opción. La administración debería defender que estas actividades es mejor desarrollarlas en lugares controlados en los que se apliquen los protocolos de higiene y seguridad ya previstos.
Los empresarios del ocio nocturno avisan de que si no se les permite abrir sus negocios en la Fase 3 se causará un daño irreparable que llevará al cierre de unas 15.000 empresas en toda España. Actualmente ya se está produciendo la pérdida de unos 25.000 empleos, una cifra que se puede incrementar en las próximas semanas, puesto que el 55,32 por ciento de las empresas del sector mantienen a todos sus trabajadores en un ERTE y no contabilizan aún como empleo destruido.
En términos económicos, el sector constata una caída de la facturación de 8.000 millones de euros y unas pérdidas económicas por empresa que van desde los 23.000 euros en el caso de los pequeños bares de copas, hasta los 157.000 euros de las grandes salas de fiesta.
En Baleares, la decisión de reabrir los locales está sobre la mesa del Govern, una vez que se pasa a la Fase 3 y se acelera la desescalada bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas. El atractivo turístico de este tipo de oferta y la seguridad sanitaria que ofrecen frente a las alternativas descontroladas deberían pesar en la toma de decisiones a la hora de aceptar su reapertura y evitar males mayores.
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