La madeja que envuelve al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se complica. La pésima gestión del caso que se inició con la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha desembocado en un embrollo que crece por días con nuevas revelaciones e informes, acompañado todo ello con un eco político que empieza a alcanzar niveles de escándalo.
El ministro ha utilizado hasta cinco versiones diferentes para justificar el cese del coronel. Primero señaló la "falta de confianza" en Pérez de los Cobos sin dar más detalles. Posteriormente argumentó que su salida se debía a una "reestructuración de equipos" -aunque tardó diez días en nombrar sustituto, tras negarse otros coroneles a aceptar el puesto-. Le siguió que lo había cesado por no haber evitado la filtración del primer informe de la Guardia Civil sobre el alcance de la pandemia que el Gobierno habría conocido antes del 8M.
Una vez publicada en la prensa la nota firmada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez -admitiendo que fue destituido al negarse a informar sobre las investigaciones de los guardias en el caso sobre el 8M-, Grande Marlaska apuntó a la "policía patriótica". Y cuando tuvo que contestar en el Congreso sobre el asunto, afirmó que quien destituyó a Pérez de los Cobos fue el secretario de Estado a propuesta de la directora general.
El galimatías sonroja y recuerda casos similares en el que altos cargos se enredaron ellos solos haciendo suceder versiones diferentes y contradicciones que acabaron hundiéndoles. José Manuel Soria y Cristina Cifuentes lo vivieron en primera persona.
Es obvio que el ministro tiene entre sus atribuciones nombrar y cesar a quienes forman su equipo. Lo que no puede hacer es falsear la realidad, especialmente en sede parlamentaria y al albur de cada nueva filtración en la prensa.
El caso cuenta con muchos elementos que lo adornan. Desde el propio Grande Marlaska, elevado a ministro tras una exitosa carrera como juez de la Audiencia Nacional, a Pérez de los Cobos -máximo responsable policial en Cataluña con la aplicación del artículo 155-, pasando por el 8M, una cita que algunos sectores de la izquierda quieren convertir en un símbolo excluyente en el que no caben quienes ellos no quieran que quepa.
El último estribillo de este grupo avisa sobre un posible ruido de sables, dejando entrever las ganas de subvertir el orden institucional que tendrían algunos uniformados y , de ahí todas estas filtraciones policiales. Parece como si el argumento del golpe de estado sirviera para animar a sus adeptos, una idea que es recurrente en intervenciones del propio Pablo Iglesias -la última, ante el portavoz de Vox en el Congreso-.
El problema es que su credibilidad flojea si se mira el retrovisor y se ve lo que ellos mismos dijeron tras filtrarse informes de la Guardia Civil que revelaban prácticas de sus adversarios políticos en casos como los de las tramas Gurtel o Lezo. Entonces, no cuestionaron esos informes de la Benemérita ni se escandalizaron por sus filtraciones. Como no cuestionaron a la misma juez Rodríguez-Medel cuando investigaba posibles irregularidades en los curriculums de Pablo Casado o Cristina Cifuentes.
Al margen del periplo judicial -parece que el coronel está en vías de presentar una demanda y cada nuevo dato recabado por la jueza apunta a una ocultación por parte del Gobierno sobre el alcance del coronavirus ya en marzo-, el caso Marlaska evolucionará políticamente dependiendo de los nuevos datos que se conozcan. O hasta que otro nuevo escándalo sacuda la opinión pública y robe las portadas al exjuez, que todo es posible.
Lo que no parece estar en la ecuación es la dimisión ni el cese de Grande Marlaska. No entra en los esquemas del Gobierno de Sánchez. Un precedente similar se produjo cuando se filtraron unas comprometedoras grabaciones de la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado en las que cuestionaba el papel de las mujeres en la judicatura -"a mí que me den un tribunal de tíos", decía-, entre otras lindezas, algunas de ellas muy poco elegantes hacia la condición sexual del propio Marlaska. Unas conversaciones grabadas que organizaron un gran revuelo político entre propios y extraños, pero que no acabaron con Delgado como ministra. Sólo dejó de serlo cuando Sánchez la nombró -ni más ni menos- fiscal general de Estado.
Es el estilo de la casa del que puede beneficiarse Grande Marlaska si el escándalo que le atañe no escala nuevas cotas que demuestren que mintió o que impulsó una acción ilegal al querer conocer una información que los guardias civiles, como policía judicial, sólo debían trasladar a la jueza.
Si (
No(
