Los criterios para la distribución del fondo de 16.000 millones de euros creado por el Gobierno para compensar el gasto extraordinario en materia sanitaria que han debido afrontar las comunidades con ocasión de la pandemia, están mereciendo más críticas que elogios entre las adminitraciones autonómicas. En el caso de Baleares, la posición del Govern que preside Francina Armengol es que debe tenerse más en cuenta "la caída de los ingresos en cada uno de los territorios". El Ejecutivo balear ha lamentado que "se obvien parámetros como que las islas han invertido mucho más" en sanidad pública, atención primaria o residencias que otras Comunidades Autónomas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que el fondo de 16.000 millones creado para ayudar a las Comunidades ante la pandemia por coronavirus tendrá "más impacto" en las autonomías con más gasto por la enfermedad, y que se sigue estudiando los criterios de reparto después de la primera propuesta lanzada por su departamento la semana pasada y las aportaciones de los Gobiernos autonómicos.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que se estudian propuestas de las comunidades para modificar algunos criterios, como el de las pruebas PCR. La idea inicial de Hacienda era atender al número de PCR positivas, pero se baraja que el criterio sea el de PCR realizadas, para "tener en cuenta el esfuerzo" de incluir los test en hospitales, también en residencias de ancianos y en atención primaria. "Lo vimos bien", ha admitido la ministra.
También ha dicho que se estudia cambiar el criterio de la población para que no se cuente la población ajustada, sino la "población protegida equivalente", un criterio que se emplea en Sanidad y que desde el principio el Ministerio ha barajado. El objetivo es tener en cuenta distintos factores como el de personas mayores de 65 años, la dispersión, la insularidad o la población menor de 16.
EL PESO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
El objetivo de Hacienda es que estos fondos cubran el mayor gasto causado por el Covid-19, por lo que las variables que tienen en cuenta la emergencia sanitaria (PCR, hospitalizados e ingresos en UCI) pesan más: el 80 por ciento en un primer tramo de reparto de 6.000 millones, y el 60 por ciento en el segundo tramo de 4.000, según la propuesta inicial de Hacienda que se está revisando. El porcentaje restante se mediría a partir de criterios de población.
Montero ha defendido la utilidad de este fondo para las comunidades ante la situación que están viviendo de aumento de gasto y de caída de ingresos y que se sumará, según ha recordado, a los traspasos propios del sistema de financiación autonómica. "La realidad de cada Comunidad Autónoma, la fortaleza y vigor de su sistema sanitario, es preocupación del Gobierno", ha dicho.
Los 16.000 millones se reparten en un fondo de 10.000 millones no reembolsables y sin intereses para cubrir el gasto sanitario, así como otros 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, demás de otros mil millones para gasto social.
CRÍTICAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Los primeros criterios aportados por el Ministerio de Hacienda han recibido críticas de distintas comunidades. Por ejemplo desde Murcia, se reclama que el criterio poblacional adquiera más peso, y se entiende que se penaliza "la buena gestión de la pandemia". Por su parte, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han hecho hincapié en que los fondos de compensación tengan en cuenta cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de población, además de las pruebas PCR realizadas y la inversión realizada en el ámbito asistencial en los ejercicios anteriores.
Por su parte, Baleares ha pedido tener más en cuenta "la caída de los ingresos en cada uno de los territorios", y ha lamentado que "se obvien parámetros como que las islas ha invertido mucho más" en sanidad pública, atención primaria o residencias que otras comunidades autónomas.
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