NC espera “receptividad” de Montero a la “mayor” incidencia de la crisis en Canarias

La portavoz parlamentaria en materia económica de Nueva Canarias (NC), Esther González, espera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestre receptiva en la reunión bilateral que mantendrá, pasado mañana miércoles, con el Gobierno de Canarias para analizar las secuelas y respuestas a la crisis del coronavirus en las islas. González advirtió sobre el riesgo del Archipiélago a “quedarse atrás si no se tiene en cuenta la mayor y singular” incidencia del Covid19. Los nacionalistas progresistas defienden que el fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas incorpore el criterio de la pérdida de los ingresos de los impuestos del Régimen Económico y Fiscal (REF) e insisten en la reclamación de usar los 4.000 millones de euros del superávit y los remanentes de los ayuntamientos, los cabildos y el Ejecutivo canario así como la autorización para el endeudamiento a largo plazo.

Transcurridas ocho semanas desde que se decretara el estado de alarma en todo el territorio estatal, Esther González espera que el encuentro del presidente y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Ángel Victor Torres y Román Rodríguez, respectivamente; sirva para que la ministra comprenda, en “toda su dimensión”, las consecuencias (sociales, económicas, laborales y sanitarias) derivadas de la “total” paralización de la principal industria de las islas.

También para que analice, según la portavoz económica, las especiales circunstancias que rodean al proceso de reactivación. “Necesitaremos bastante más tiempo” que el resto de las comunidades para “poner en pie todo nuestro tejido productivo”, tal y como indicó.

Con estos “especiales” condicionantes, Esther González espera que la responsable del Ministerio de Hacienda se muestre “receptiva” a los planteamientos del Gobierno del cuatripartito. “Corremos el riesgo de quedarnos atrás si no se tienen en cuenta las singularidades” de Canarias, alertó.


Para que las instituciones públicas locales puedan responder a sus responsabilidades con medidas para afrontar las secuelas de esta crisis, González afirmó que se deben arbitrar medios para compensar la pérdida de ingresos de las corporaciones locales y el Ejecutivo canario. Las estimaciones gubernamentales indican que serán cerca de 1.200 millones de euros hasta el final de este año, recordó esta portavoz de NC.

Uno de ellos, tal y como insistió, es que Madrid autorice el uso de los 4.000 millones de euros del superávit y los remanentes de los tres niveles administrativos locales, “parados, sin poder tocar” en los bancos. Relajadas las reglas fiscales por parte de la Unión Europea, “no parece razonable la falta de respuesta” del Gobierno estatal a una demanda “conjunta” de todos los organismos públicos y privados de las islas. La misma consideración trasladó al consentimiento para el endeudamiento a largo plazo.

En relación al fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables, además de apelar a la conveniencia de evaluar el peso de cada uno de los recursos (10.000 millones de euros en sanidad, 5.000 millones de euros en materia económica y 1.000 millones de euros en materia social), Esther González propuso la inclusión de un “nuevo criterio que no se tiene en cuenta y que es un derecho específico nuestro”.

Se refería a la distribución de los 5.000 millones de euros en base a la pérdida de recaudación de los tributos cedidos. Pero ahí, explicó la parlamentaria de Nueva Canarias, “no se tiene en cuenta la reducción de ingresos” proveniente de los recursos fiscales del REF, y de los que participan cabildos, ayuntamientos y Gobierno. El de mayor peso el IGIC, recalcó. El 19% de los ingresos tributarios totales en Canarias provienen de los tributos “propios y eso se tiene que tener en cuenta como criterio de reparto”, defendió Esther González.