La propuesta de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de estudiar una ecotasa para los billetes de avión sigue generando reacciones y mucha inquietud. Sobre todo en territorios como Canarias que basan su conectividad con la Península en los enlaces aéreos.
Ribera planteó, el lunes, la posibilidad de estudiar esta medida, que calificó de "razonable" y puso el ejemplo de Francia, donde este recargo ya funciona. Para la ministra, tiene sentido plantearlo en pleno debate de fiscalidad ambiental, considerando además que la tasa recaería en "quienes tienen más recursos o en empresas", que son quienes más viajan, dijo.
El planteamiento es tan burdo como equivocado. Y tremendamente perverso para los ciudadanos de las Islas, para quienes el avión no es una opción de libre elección. Una alternativa como la lanzada sobre la mesa significaría gravar más la ya difícil conectividad con la Península. Máxime cuando el descuento del 75 por ciento a los residentes no está arrojando los resultados previstos o cuando recientes procesos de concentración -la compra de Air Europa por parte de Iberia- limitan la competencia.
En este sentido se manifestaban este martes los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla al afirmar que la aplicación del 75 por ciento de descuento para los residentes ha supuesto un aumento de los precios en muchas conexiones, apelando a estudiar otras propuestas como la fijación de tarifas máximas en los vuelos con la Península.
La polémica de la 'ecotasa aérea' se produce en vísperas de la elaboración de unos Presupuestos Generales que deberán inflar el capítulo de ingresos si se quiere dar respuesta a todas las promesas realizadas por el ejecutivo de Sánchez y, a la vez, cumplir -sobre el papel- con las exigencias de equilibrio presupuestario que reclama Bruselas. De ahí que este nuevo impuesto tenga serios visos de convertirse en una realidad no muy lejana.
La búsqueda desesperada de ingresos no puede dejar desamparados a los ciudadanos de Canarias. Al contrario, la administración debe proteger rutas con tarifas que resulten asequibles, además de garantizar la conectividad interior y con la Península, sin añadir ningún nuevo tipo de sobrecoste. No hacerlo implicaría un profundo desconocimiento de la realidad territorial española y un desprecio a los ciudadanos de las Islas.
Si (
No(
