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NC cataloga de “indignante” la partida del Gobierno de CC en 2019 para la ley de la memoria histórica

NC cataloga de “indignante” la partida del Gobierno de CC en 2019 para la ley de la memoria histórica

miércoles 07 de noviembre de 2018, 17:00h
Esther González reprocha a la Consejería de Presidencia el “retroceso” de los fondos destinados a promover la igualdad y combatir la violencia de género
Nueva Canarias (NC), a través de la presidenta del grupo parlamentario, Esther González, catalogó de “indignante” la partida dedicada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en 2019 para desarrollar la ley de la memoria histórica, que próximamente aprobará el Parlamento. La portavoz nacionalista recriminó el “retroceso” de los fondos destinados a promover la igualdad de género y combatir la violencia machista, lo que supone un “incumplimiento” del mandato de la Cámara para asignar una dotación “adecuada y suficiente” a uno de los problemas más graves de la sociedad.

Los presupuestos canarios del departamento responsabilidad de José Miguel Barragán para el próximo año, apoyados por el PP y la ASG y presentados hoy en comisión, para Esther González desvelan el “escaso” interés del Ejecutivo de CC por dos asuntos “fundamentales”, el desarrollo de la ley destinada a reparar el daño causado por la dictadura y la Guerra Civil y las medidas orientadas a frenar la “lacra” de la violencia de género y la igualdad.

“Me parece indignante que después de lo que ha costado sacar para adelante” la Proposición de Ley de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, que el incremento que el Gobierno proponga para el “primer año de vigencia” de la norma, que se aprobrará en breve, sean 19.500 euros.

Tras preguntarle al consejero si cree “que eso va a permitir dar un impulso decidido a la reparación moral” de las víctimas canarias, la diputada nacionalista cuestionó al Ejecutivo de CC por “incumplir” lo que determina la propuesta legislativa para que, en los presupuestos, “cada año, se habilite una partida suficiente para dar cumplimiento” a los objetivos y prioridades definidas en la Estrategia de Memoria Histórica de Canarias.

Igual de recriminable es para González que se desatienda el mandato del Legislativo que, desde 2017, ha instado al Gobierno presidido por Fernando Clavijo a poner una dotación “adecuada y suficente” en materia de igualdad de género y para luchar contra la violencia machista. En 2019, tal y como denunció, “no sólo no crean esa partida, sino que disminuyen” el presupuesto en 291.000 euros. La implicación del Ejecutivo en esta materia es nula, en opinión de los nacionalistas progresistas.

Tras referir que el incremento presupuestario real de esta consejería, según González, es del 7,4%, sólo superado por el de la Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales; para NC “ya era hora” de que se actualizaran los baremos de compensación económica de los profesionales que intervienen en el turno de oficio, que desde 2012 no se habían tocado. Sin embargo, no es asumible, agregó la portavoz, que se mantengan “inalterables” las retribuciones de la asistencia gratuita a víctimas de violencia de género en 2,5 millones de euros.

Esther González se mostró interesada en que se aclarase el coste real del proyecto del palacio de justicia de Fuerteventura. Descontados los 50.000 euros del concurso de ideas, tal y como explicó, la dotación económica de los dos últimos años ha sido de 3,4 millones de euros cuando el pliego de cláusulas administrativas fija en 1,4 millones de euros el valor estimado del contrato, que incluye la redacción del proyecto y la dirección de la obra.

Después de cuestionar que, por tercer año consecutivo, se repita la partida para la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife sin que se haya empleado un euro, González discrepó con los 161.457 euros destinados a los juzgados de paz, la misma cantidad de 2017 y 2018. Muchos de estos juzgados, según la portavoz de NC, tienen un volumen importante de trabajo y enormes carencias. Sin embargo, la cantidad que les transfiere el Ejecutivo a los ayuntamientos para el mantenimiento es “ridícula”, tal y como denunció.




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