La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, quiere igualdad entre hombres y mujeres. Bien. Desea que haya más mujeres directivas en un mundo dominado por hombres. Bien. Quiere obligar a que las empresas contraten a tantos directivos como directivas. Mal.
Y digo que su aplicación, si llega a aprobarse, sería una mala praxis por varios motivos: Primero, por obligar, por imponer. La imposición debería ser el último recurso y no debería abusarse de él. Segundo, porque no existe relación entre la mayor o menor capacidad directiva y el género o el sexo de una persona. Tercero, porque establecer igualdad de porcentaje entre los directivos y directivas puede dejar mucho talento fuera (masculino o femenino) y, por tanto, hacer perder competitividad en la empresa. Cuarto, porque para ser jefe se necesita auctoritas y no potestas. La autoridad viene dada por el talento, la experiencia y las capacidades. Solo así se respeta a un superior y no por el cargo que tiene en el organigrama.
Una jefa, impuesta por la ley de la vicepresidenta, tendrá que demostrar su valía, porque, de primeras, se verá como una imposición por los de igual o inferior rango.
¿Por qué esa reiterada cultura de algunos de imponer, obligar o prohibir? ¿Por qué inmiscuirse dentro del mundo de la empresa, es decir, en el ámbito privado? ¿Quién es la vicepresidenta para interferir en los procesos de selección del personal directivo?
Lo que sí debería hacer el gobierno es fomentar la igualdad de oportunidades entre las personas: hombres y mujeres, ricos y pobres, católicos y musulmanes. Y premiar el talento, más allá de su poder adquisitivo, su sexo y su religión. Sin embargo, no debería fomentar la igualdad de resultados, por definición, mucho más injusta. Así, por ejemplo, dando más oportunidades a un pobre, éste podría triunfar frente a un rico sin tantas capacidades pero con más recursos económicos.
Pensemos en los orígenes humildes de Messi o de Cristiano Ronaldo. Si no se les hubieran ofrecido las mismas oportunidades que a los hijos de los ricos para entrenar desde pequeños en un equipo de fútbol, nunca habrían destacado. Los equipos estarían llenos de hijos de papá pero el Barça y el Madrid (ahora la Juve) no serían tan competitivos.
En el golf tienen más oportunidades los hijos de gente acomodada. Un niño humilde no tiene casi opciones de practicar un deporte caro como éste. El elevado coste de practicarlo supone una barrera de entrada. La igualdad de oportunidades debería tirarlas abajo ofreciendo ayuda a los niños de familia humilde que quisieran practicarlo. Entre los campeones de esta disciplina, pocos han sido de clase media o baja y sus oportunidades de practicar este deporte han venido por haber crecido en los campos de golf, ya sea como trabajadores o como hijos de empleados. Así, por ejemplo, vemos el caso de Sergio García, hijo de una trabajadora de la tienda de golf del Club de Campo del Mediterráneo o el de Seve Ballesteros que comenzó como caddie cargando palos de ricos jugadores para ganar algo de dinero ¿Cuánto talento no se estará perdiendo entre jóvenes que no han pisado nunca un campo de golf?
Volviendo a la empresa. Si la maternidad penaliza a las mujeres a la hora de ser elegidas en puestos directivos, el gobierno sí que puede actuar pero no prohibiendo. Debería minimizar los efectos provocados en la empresa por la baja por maternidad, ya sea facilitando el teletrabajo, manteniendo reuniones por videoconferencia, fomentando la adaptación de zonas para bebés o para el amamantamiento en las empresas, fomentando la contratación de cuidadores, etc. Estas medidas darían las mismas oportunidades frente a los hombres.
Más que una ley de igualdad se necesita una ley de equidad. La igualdad no tiene en cuenta las diferencias entre las personas y es injusta porque busca lo mismo para todos (igualdad de resultados). La equidad es más justa porque supone un trato desigual entre desiguales para alcanzar justicia dentro de la igualdad (igualdad de oportunidades).
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal. De eso no hay duda. Nadie debe ser tratado de diferente manera por pertenecer a un género o sexo u a otro. Pero cuando hablamos de escalar en puestos directivos hablamos de talento y de las capacidades. Y eso es independiente del sexo. ¿Por qué obligar a tener el 50% de mujeres directivas si, con las mismas oportunidades, se lo merece un 100%?
Actualmente, de once puestos directivos, en la organización donde trabajo somos solo dos varones. Las otras nueve directivas son mujeres. Un 81%. Según la ley que se pretende aprobar en vía de urgencia, cuatro de ellas tendrían que irse a la calle y deberíamos cambiarlas por cuatro hombres. Una injusticia para la mujer, en este caso. Una ley que intenta beneficiar a la mujer, en este caso la perjudicaría. Es lo paradójico de las leyes que buscan la igualdad y no la equidad.
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