El Parlamento ha apoyado este miércoles la iniciativa impulsada por la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, María del Río, para Instar al Gobierno de Canarias a establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos del Archipiélago con el fin “de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales” para que, “en casos de desalojos” se “otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca un alquiler social”.
Asimismo, la Cámara regional mandata al Ejecutivo regional a “garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos” y “aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a tres veces” el conocido como Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
Según ha defendido Del Río, las administraciones deberán adoptar medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, “sólo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las administraciones públicas hayan dado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles”.
Programas de ayuda al alquiler
La iniciativa tendente a impulsar programas permanentes de ayuda al alquiler, está destinado a familias, personas mayores, menores y otros colectivos en situación de vulnerabilidad”.
Precisamente, Del Río ha “prestado” la voz del Grupo Parlamentario Podemos Canarias a “tres mujeres, madres de familia, representantes de la Plataforma por la Vivienda Digna de Lanzarote”, trasladando desde la tribuna de oradores sus dramáticos testimonios.
Así, sus señorías pudieron saber que a Amira Embarek Kaddur, casada y con tres hijas de entre tres y un año, “no nos renuevan el contrato de alquiler, de hecho en unos meses cumplimos tres años de contrato, y nos echan por ley .Hemos buscado casa de alquiler y todo lo que se encuentra está por encima de lo 600 y 700 euros”.
O que para Ángeles Guisado “con unos ingresos de 730 euros me es imposible alquilar con los precios actuales, ya que la escasez de vivienda en alquiler de larga duración ha inflado los precios. No quiero vivir de ocupa, quiero tener un alquiler legal que pueda pagar, quiero tener agua y luz legalmente. No pido mucho, ¿no creen?”.
También el arco parlamentario pudo saber que el complejo residencial donde Elsa Bethencourt ha vivido durante los último ocho años se ha vendido “y ni los antiguos propietarios ni los nuevos nos comunicaron nada, simplemente nos hicieron llegar una carta donde se nos decía que el complejo había sido comprado y que no se nos iban a renovar los contratos”.
Además, ha sufrido “un intenso acoso en la que era mi vivienda por parte de los nuevos propietarios: golpes, ruidos, molestias…llegaron a hacer un agujero en el techo de mi cocina por una reforma que se estaba haciendo en el complejo”.
Por ello, la iniciativa de la formación morada respaldada por el Parlamento también incide en “desincentivar en las máximas cotas posibles la especulación con las viviendas, tanto en el mercado de alquiler como en los que impliquen transmisión de propiedad” y “establecer mecanismos de control” que obliguen a los grandes tenedores de vivienda a “garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad”.
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