Internacionalización

La activación de la euroorden de detención contra los políticos catalanes en el exilio por parte del magistrado Llarena y la detención del President Puigdemont en Alemania, han conseguido la definitiva internacionalización de la cuestión catalana, aunque seguramente no sea una consecuencia muy del agrado del gobierno español.

El involucramiento de cuatro países europeos, tres de la UE, Alemania, Bélgica y el Reino Unido (hasta el “brexit”) y uno externo, Suiza, cada uno con sus distintas tradiciones y sistemas jurídicos, supone que hasta cuatro instancias judiciales europeas distintas deberán estudiar las causas por las que se solicita la detención y entrega a España de los exiliados y pronunciarse al respecto.

Tendremos por tanto la oportunidad de comprobar si todas, alguna o ninguna de las administraciones de justicia concernidas aceptan las imputaciones de los autos de procesamiento del magistrado, que eminentes constitucionalistas y penalistas españoles del ámbito jurídico y académico, y no precisamente partidarios de la independencia, han considerado más propias de una novela de fantasía que de un auto judicial, en las que se crea un relato completamente alejado de la realidad, a fin de justificar la imputación de delitos gravísimos de rebelión y sedición, que, a su vez, justifiquen las medidas de prisión provisional incondicional y la futura solicitud de penas elevadísimas de privación de libertad.

Será interesante comprobar que consideraciones hacen los distintos sistemas judiciales y cuáles serán los fundamentos de sus decisiones, sean las que sean. Y será especialmente interesante observar si entran en el fondo de la cuestión y, por tanto, de alguna manera califican la actuación de la justicia española, o si se limitan a un ejercicio de mera aplicación mecánica de reglamentos y procedimientos, desentendiéndose del debate de fondo.

La credibilidad de la UE también está en juego. Muchas voces autorizadas y de prestigio dentro y fuera de España están manifestando que la instrucción de los magistrados, Llarena y Lamela, está llena de irregularidades procesales y levantan grandes dudas respecto de su imparcialidad, lo que afecta directamente a la credibilidad del sistema judicial español en estas causas y pone en duda que los encausados puedan tener en España un juicio justo en el que se respeten todos sus derechos.

La UE no puede, ante estas dudas razonables, seguir cerrando los ojos ante todo lo que está ocurriendo en España y considerarlo un asunto estrictamente interno de una democracia plena de un país hermano, a riesgo de seguir perdiendo credibilidad como espacio político basado en los valores de la democracia y el respeto escrupuloso a los derechos humanos y civiles, credibilidad que ya está muy tocada por su triste papel en la crisis de los refugiados y en los conflictos en el norte de África, en el Oriente Próximo y en el este de Europa.

De los mediocres, cobardes y venales dirigentes actuales de la UE ya sabemos que podemos esperar, ahora veremos cómo se comporta el estamento judicial.