El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, propuso hoy al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno, norma que establecerá el régimen jurídico de los altos cargos del Ejecutivo autonómico, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las demás entidades públicas y privadas que integran el sector público autonómico.
Afonso remarca que las exigencias sociales para clarificar el régimen jurídico de los servidores públicos en general y de forma concreta los que están al frente de la Administración y la dirección de los asuntos públicos explican la necesidad de sacar adelante esta norma de forma que quienes desempeñen los cargos públicos reúnan las condiciones de formación y experiencia necesarias, que se precisen los derechos, deberes y obligaciones que les incumben en el ejercicio de los cargos, de forma que la gestión que desarrollen esté presidida por los principios de eficacia, eficiencia y prevalencia de los intereses generales, así como que la misma se lleve a cabo con las debidas condiciones de objetividad e imparcialidad.
En todo caso, las exigencias no se restringen a la observancia y cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también a que su actuación esté inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de su objetividad e imparcialidad.
En este sentido, Afonso recuerda que el Acuerdo para la gobernabilidad de Canarias suscrito entre Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario y el Partido Socialista Canario se recoge de forma expresa el compromiso de "aprobación de las normas de buen gobierno, que comprendan tanto el estatuto de los miembros del Gobierno y altos cargos, donde se recojan los requisitos de acceso a los cargos de responsabilidad, los deberes, obligaciones e incompatibilidades que les incumben, como las normas, principios, valores y reglas de actuación que deben seguir en el ejercicio de las responsabilidades que desempeñen".
Para dar cumplimiento a los mandatos constitucional y estatutario de que la Administración sirva con objetividad a los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, máxima proximidad a la ciudadanía y atención al hecho insular, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad considera que es imprescindible contar con unos servidores públicos que reúnan las condiciones de capacidad y aptitud necesarias, especialmente cuando se trata de altos cargos, en cuanto participan y deben adoptar las decisiones vinculadas a la acción de gobierno, así como que el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas se realice con plena transparencia, de forma que sea susceptible de control por parte de la ciudadanía, en cuanto conoce de antemano los derechos, deberes y obligaciones que incumben a estos cargos públicos estableciéndose al efecto un régimen sancionador que puede desembocar en su cese.
Asimismo, con la finalidad de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente hay que incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los objetivos tanto de incrementar la confianza de la ciudadanía en sus Instituciones y en la actuación trasparente y responsable de quienes desempeñan cargos relevantes en las mismas, como de dar cumplimiento y desarrollar los mandatos contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias disponiendo un régimen de incompatibilidades tanto en el ejercicio de su cargo como con posterioridad a su cese que asegure la independencia de sus actuaciones.
Por todo ello, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad elaboró el anteproyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos y de Buen Gobierno que Aarón Afonso elevó hoy al Consejo de Gobierno para que este se pronuncie sobre la sobre la oportunidad de la propuesta, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.
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