La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado su decisión de defender en los tribunales a sus afiliados que enfrenten la denegación o el retraso en su derecho a la jubilación parcial anticipada. Esta medida se produce tras la reciente instrucción emitida por el Gobierno, solicitada por CSIF, aunque el sindicato considera que es insuficiente.
En una reunión programada para la próxima semana, CSIF trasladará al Ejecutivo su preocupación por esta situación. El sindicato ha solicitado que se autorice la aplicación transitoria de la regulación anterior hasta que se implementen ofertas de empleo público específicas para los contratos fijos de relevistas.
Exclusiones y demandas del CSIF
CSIF ha señalado que la medida anunciada por el Ministerio de Función Pública para facilitar la jubilación parcial anticipada resulta insuficiente, ya que excluye a personal funcionario y estatutario, incluyendo al personal sanitario. En este contexto, el sindicato exige una regulación inmediata de este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral, así como la convocatoria de una Mesa de Negociación.
De no atenderse estas demandas, CSIF ha manifestado que pondrá a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos para garantizar la defensa de este derecho. La jubilación parcial anticipada ha sido un proceso habitual entre el personal laboral en las administraciones durante años; sin embargo, la nueva normativa pone en riesgo su continuidad.
Preocupaciones sobre nuevas regulaciones
Desde la publicación del Real Decreto-Ley correspondiente, varias administraciones autonómicas y locales han indicado que suspenderán las solicitudes relacionadas con jubilaciones parciales bajo contrato de relevo. Esta decisión se basa en una interpretación restrictiva de la norma vigente, lo cual podría afectar gravemente las garantías de acceso al empleo público.
La situación actual ha generado un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores afectados, quienes esperan respuestas claras y efectivas por parte del Gobierno y las administraciones competentes.
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