El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al remitir al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica destinado a proteger a las personas menores de edad en los entornos digitales. Esta iniciativa incluye la implementación de un control parental gratuito y por defecto.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han expuesto los aspectos más relevantes del proyecto aprobado hoy. Esta normativa tiene como objetivo primordial salvaguardar a niños y adolescentes en el ámbito digital, asegurando su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, así como la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados para su edad.
Iniciativa pionera en Europa
Este proyecto se presenta como una medida pionera en Europa, ya que contempla reformas en el Código Penal para penalizar tanto los deepfakes, que son ultrafalsificaciones que utilizan el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento para crear contenido sexualmente explícito, como el grooming, que implica engañar a un menor utilizando una identidad falsa. Este último será considerado un agravante en ciertos delitos sexuales.
Además, se establece una pena que prohíbe el acceso o la comunicación en entornos digitales para evitar la revictimización y la reincidencia. Todos los dispositivos deberán contar con sistemas de control parental accesibles y gratuitos.
Derechos y obligaciones en entornos digitales
La norma reconoce derechos fundamentales para los menores, tales como ser protegidos ante contenidos digitales perjudiciales para su desarrollo. También se garantiza el acceso a información veraz sobre el uso seguro de tecnologías y los riesgos asociados. Asimismo, se establecen obligaciones para los fabricantes de dispositivos digitales para incluir controles parentales activados por defecto.
Entre otras medidas, se prohíbe el acceso a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas digitales (loot boxes) por parte de menores. En el ámbito educativo, se fomentará el desarrollo de competencias digitales y se regulará el uso de dispositivos móviles en las aulas.
Compromiso con la salud y seguridad digital
La ley también impone responsabilidades a las administraciones competentes para elaborar guías sobre prevención y promoción de la salud relacionadas con comportamientos adictivos hacia la tecnología. Además, todos los poderes públicos deberán promover un acceso equitativo al mundo digital y desarrollar una Estrategia Nacional sobre protección infantil en este entorno.
Finalmente, se refuerza la protección contra cualquier tipo de violencia de género o sexual en línea, reconociendo los derechos de las víctimas y garantizando su acceso a servicios de orientación y asistencia psicológica.
Cambios legislativos adicionales
A esta reforma se suma un cambio en la Ley de Protección de Datos Personales que eleva la edad mínima para consentir el tratamiento de datos personales de 14 a 16 años. También se modificará la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a grandes operadores y influencers, tales como implementar sistemas de verificación de edad y separar contenidos inapropiados.
Aparte de estas modificaciones al Código Penal, también se reforman leyes relacionadas con el Poder Judicial para facilitar intervenciones judiciales que permitan interrumpir servicios digitales que ofrezcan acceso ilimitado a contenido perjudicial para menores o retirar dicho contenido.
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