El Congreso aprueba la reforma para determinar la edad de los menores

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la reforma de los procesos de determinación de la edad, desestimando las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. Esta iniciativa legislativa incluye dos proyectos de ley: uno de carácter ordinario y otro orgánico, que buscan modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido estos proyectos, subrayando que garantizan los derechos de menores que han tenido que abandonar sus hogares debido a conflictos o situaciones adversas. Además, enfatizó que proteger a estos jóvenes es una cuestión fundamental de justicia y humanidad, así como una obligación inherente a cualquier democracia.

Nuevo procedimiento judicial para la determinación de la edad

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el cambio en el procedimiento para determinar la edad cuando esta no es conocida o hay dudas al respecto. Este proceso pasará a ser judicial en lugar de administrativo, priorizando siempre el interés superior del menor. El nuevo protocolo incluirá la presunción de minoría, el derecho a ser escuchado durante el procedimiento y garantizará la dignidad e intimidad del menor al prohibir pruebas invasivas como desnudos integrales.

Asimismo, se asegurará asistencia jurídica gratuita desde el inicio del proceso y se ofrecerá un intérprete si es necesario. Para evitar retrasos en la gestión, el Gobierno se ha comprometido a aumentar los recursos en la Administración de Justicia en regiones con alta presión migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla.

Medidas en el ámbito penal

El segundo proyecto, que tiene carácter orgánico, otorga al Juzgado de Menores la responsabilidad de determinar la edad cuando un individuo esté detenido por su supuesta implicación en un delito y existan dudas sobre su edad. Esta atribución se basa también en el principio jurídico que presume la minoría de edad según las normativas española e internacional.

Con estas reformas, el Congreso busca establecer un marco legal más claro y justo para aquellos menores que llegan al país en situaciones vulnerables.