La Consejería de Turismo nos “regaló” ayer, 26.12.2024 la noticia que el Proyecto de Ley de Vivienda Vacacional llega al Parlamento de Canarias. Declara, que el texto ha sufrido variaciones para “salvar todos los reparos” del Consejo Consultivo y respetar las modificaciones solicitadas por la FECAM (Federación Canaria de Municipios). Lamentablemente no tuvo en cuenta que el 67% de las más de 5.000 alegaciones presentadas eran contrarias a la nueva Ley.
¿Habrá tenido en cuenta también las reivindicaciones de ASCAV o sigue aliada con la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife y la fulminación de la oferta vacacional? Mucho se teme lo segundo por el siguiente motivo.
La Consejería de Turismo sigue en su línea de dar la espalda al único colectivo que representa al sector en el Archipiélago. Se supone, que es éste y no otro motivo por el cual no se le ha notificado el texto definitivo que se presenta a debate en el Parlamento. No obstante, la asociación además ya ha solicitado el texto definitivo del texto a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.
Darle la espalda a ASCAV, significa ignorar a miles de familias canarias que se dedican al alquiler vacacional, así como a muchas empresas locales nacidas al calor de la actividad y también significa tumbar la democratización del turismo. Ceder ante la patronal hotelera y el clamor de “menos oferta y más precio” no es otra cosa que expulsar de una actividad a la sociedad, bien porque elimina gran parte de las viviendas vacacionales para que puedan subir los precios.
Sin duda, el precio de una Ley que no ampare a las viviendas vacacionales tendrá efectos devastadores sobre la totalidad de la sociedad canaria. Viajará quien pueda pagarlo y sin duda, no será gran parte de la sociedad canaria. La economía que genera la vivienda vacacional y que asciende a más de 1.700 millones de euros se verá resentida. Miles de familias canarias cuyo único ingreso procede de la actividad de vivienda vacacional se verán abocadas a la venta de sus viviendas a extranjeros y miles de puestos de trabajo directos e indirectos se perderán.
En ningún caso se resolverá el problema de la falta o el encarecimiento de la vivienda residencial en las islas. ASCAV insiste que tras una encuesta de sus más de 1.800 socios, ni el 10% de los propietarios están dispuestos a ofrecer el alquiler residencial por la falta de seguridad jurídica.
Sin duda, ASCAV recibirá el texto del Proyecto de Ley por vías de los demás grupos parlamentarios, así como en estos últimos 11 años el Partido Popular lo venía haciendo con toda la información respecto a la vivienda vacacional que se debatía en Parlamento con ASCAV.
Una cosa es estar en la oposición y otra, en el gobierno…
Doris Borrego
Presidenta Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
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