Aumento alarmante de mujeres sin hogar en Tenerife

En el marco del IV Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en la Isla, que se presentó el pasado mes de julio en el Cabildo de Tenerife, Cáritas Diocesana de Tenerife ha publicado ahora un estudio específico sobre “Mujeres y Sinhograismo”, que constata el significativo aumento de las cifras de mujeres en situación de exclusión residencial extrema en los últimos cuatro años.

No en vano, según los datos recogidos por Cáritas, en 2024 la entidad acompañó a un total de 637 mujeres en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, lo que supone un 27,6% del total de personas sin hogar atendidas (2.308). Esta cifra no ha dejado de crecer desde 2020, fecha en la que se publicó el primer estudio de este tipo, en colaboración con el área de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la entidad cabildicia.

El informe elaborado por la institución católica constata la “cronificación” de esta problemática, ya que las mujeres sin hogar a menudo sufren una doble discriminación, por ser mujer y por estar en exclusión residencial extrema. Esto puede incluir la negación de servicios básicos, la falta de acceso a refugios seguros frente a la violencia de género, al contar con problemas de salud mental o adicciones, y la falta de apoyo adecuado para salir de la situación de falta de vivienda. Además, el 60% ha sufrido violencia de género o ha experimentado algún otro tipo de violencia sexual (agresiones sexuales, propuestas sexuales o de prostitución) o física (insultos, vejaciones, robos, agresiones, etc).

De igual modo, duplican en porcentajes a los hombres en diagnósticos de ansiedad y depresión crónica, y la edad, la procedencia y la situación administrativa, incluso contar con una discapacidad, añaden un mayor riesgo a su situación de exclusión.

Desde Cáritas Diocesana de Tenerife venimos reiterando que “el perfil de la exclusión en Canarias es mayoritariamente femenino, y está caracterizado por una situación de pobreza severa”. Así lo refleja también el último informe Foessa, publicado en 2022, que revelaba que más de 320.000 personas se encontraban en exclusión en el Archipiélago, lo que representa el 14,8% del total de la población canaria.

El estudio elaborado por la entidad de la Iglesia, a partir de los datos recogidos por los equipos técnicos del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle para personas sin hogar (UMAC), establece también que solo un 20% de las mujeres atendidas confiesan que tuvieron una infancia y juventud normalizada. Otro 20% sufrían condiciones de exclusión social severa y el 60% restante ya se encontraba en contextos de exclusión social severa desde niña.

A partir de la etapa de juventud, todas las mujeres atendidas por Cáritas entraron en exclusión social severa, perdieron su red de apoyo y empezaron a sufrir violencia de género en sus relaciones, en el 100% de los casos. Además, el 70% venían desde la infancia de contextos de violencia intrafamiliar y violencia de género padecida de sus madres, y otro 20% provenían de un contexto de abandono de los progenitores. Incluso, en un 30% de los casos aseguran haber sufrido abusos sexuales desde la infancia por parte de familiares o personas ajenas al núcleo familiar.

El documento elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife, que está financiado por el IASS, subraya que la situación de la mujer en exclusión residencial extrema se puede catalogar como “Sinhogarismo Oculto”, por varias razones:

• Por la presencia de un sistema social asimétrico que vulnera a las mujeres, en materias como la educación, el empleo, la participación social o el acceso a derechos fundamentales.
• Por la mayor vulnerabilidad social del colectivo, por carecer de medios económicos.
• Por la ausencia de una red de apoyo significativa.
• Por la reiterada presencia de múltiples violencias.
• Por la falta de respuestas eficaces del sistema de protección social.

En este sentido, Cáritas insiste en la necesidad de “abordar este tipo de exclusión vinculado a las graves dificultades de acceso a la vivienda que hay en Canarias en estos momentos”. “En muchos casos, nos estamos encontrando personas con empleo y un proyecto de vida normalizado, pero con dificultades de acceso a la vivienda, que están optando por residir en vehículos, en campings o caravanas”.

El personal técnico de Cáritas deja claro que las personas que acompañamos en sus procesos de inclusión social nos confirman el “techo de cristal” que está representado el acceso a la vivienda para estos casos, ya que solo necesitan acceder a un alojamiento para normalizar sus situaciones, como en el caso de personas con pensiones mínimas o inserciones laborales”. De hecho, en algunos municipios de Tenerife, tras dos años de intervención social, entre el 20% y 40% de los casos que acceden a un empleo no pueden salir de su vida en calle, ya que no pueden acceder a una vivienda, tanto por las condiciones como por los precios exigidos por el mercado de alquiler. Desde Cáritas, no obstante, destacamos la colaboración del Cabildo de Tenerife y la contribución aportada por los consistorios y equipos técnicos de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Adeje y Granadilla de Abona, que han asumido estrategias locales especializadas para estos casos y han contribuido de forma coordinada y colaborativa al informe, lo que representa un ejemplo de buenas prácticas y políticas sociales bien encaminadas.

Sin embargo, la falta de vivienda y la inestabilidad de su situación continúan dificultando el acceso regular a servicios de salud, lo que puede resultar en problemas de salud no tratados, enfermedades crónicas sin control y una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas. Además, las personas sin hogar a menudo enfrentan estigmatización y discriminación en el sistema de salud, lo que puede dificultar aún más su acceso a la atención médica.

En definitiva, el informe elaborado por Cáritas pone de manifiesto que las mujeres en situación de exclusión residencial extrema ven negado el ejercicio de su ciudadanía y son privadas del acceso a muchos de sus derechos básicos. Por ello, seguimos reclamando la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables.