El pasado 2 de diciembre entró en vigor la plataforma SES.HOSPEDAJES, diseñada para que los viajeros registren sus datos al realizar el check-in en cualquier establecimiento turístico. Desde entonces, las voces críticas no han cesado, argumentando que esta normativa impone una carga administrativa y plantea riesgos en la protección de datos personales.
El primer día de funcionamiento fue “caótico” para el sector, la aplicación estaba “sufriendo problemas” y “bloqueándose”, lo que impedía la recopilación efectiva de datos. Estos fallos técnicos iniciales confirmaron las preocupaciones que las empresas del sector ya habían planteado al Ministerio del Interior antes de la implementación.
Sin embargo, desde el Ministerio se ha ofrecido una visión opuesta. En un comunicado emitido tras el puente de la Constitución, han asegurado que la aplicación había funcionado “con plena normalidad y sin incidencias”, destacando que más de 112.000 establecimientos habían registrado actividad durante el fin de semana, con 1,4 millones de datos procesados en lo que lleva en funcionamiento.
Los actores principales del turismo han expresado su preocupación ante esta normativa. Califican el Real Decreto 933/2021 como una fuente de “inseguridad jurídica”. La recopilación de datos personales, como información sobre transacciones económicas y contratos, supone “una injerencia en la intimidad del cliente” y requiere un alto grado de protección, exponiendo a las empresas a riesgos legales y posibles sanciones en caso de filtraciones.
Algunas agencias internacionales ya están dejando de recomendar España como destino, optando por alternativas con regulaciones menos estrictas. Este impacto podría traducirse en una pérdida de competitividad para el sector turístico nacional.
El Ministerio del Interior y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, defienden la norma como una herramienta esencial para prevenir el terrorismo y la delincuencia organizada. Sánchez ha asegurado que esta medida cumple con las normativas europeas de protección de datos y que los cambios introducidos son mínimos, pasando de recopilar 11 a 13 datos.
A pesar de estas declaraciones, el sector turístico insiste en que esta normativa añade una carga innecesaria a las empresas y plantea riesgos significativos para la privacidad de los clientes. Datos como la transacción económica, el número y fecha del contrato y la identificación del pago. "No son 13, son 18" aseguran.
Además del impacto local, la normativa está afectando la percepción de España como destino turístico en el extranjero. Señalan que la rigidez del “Gran Hermano turístico” está alejando a ciertos mercados internacionales, una tendencia preocupante para un país que depende en gran medida del turismo.
El nuevo registro de viajeros representa un esfuerzo por equilibrar la seguridad nacional con la operatividad del sector turístico. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta vital contra el crimen organizado, el sector demanda ajustes que reduzcan la carga administrativa y protejan la privacidad de los viajeros.
Es evidente que este registro ha generado tensiones significativas. Para evitar un impacto negativo en el turismo, uno de los pilares económicos de Canarias, es fundamental que las autoridades y los actores del sector colaboren estrechamente. Solo mediante el diálogo y la flexibilidad será posible garantizar que esta normativa cumpla con sus objetivos de seguridad sin comprometer la competitividad de la industria turística.
Pero tras esta primera semana de aplicación, queda claro que los actores turísticos siguen sin tener claro su correcto funcionamiento y reclaman soluciones para que la industria no se vea afectada negativamente respecto al resto de destinos. Actualmente somos el único país que aplica este nivel de solicitud de información. La duda es si este nivel de seguridad es realmente necesario.
Si (
No(
