Victor de Aldama vuelve a escena y pretende demostrar la culpabilidad de los diferentes implicados en el ‘caso Koldo’. En este caso la defensa de Aldama ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que señala a José Luis Ábalos.
El dedo acusador de Aldama ha decidido señalar nuevamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurando que habría acordado recibir un piso valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana a cambio de facilitar contratos públicos “preadjudicados”. Un escrito que detallaría pruebas que respaldarían estas acusaciones
El presunto conseguidor asegura que el acuerdo implicaba que Ábalos recibiría el inmueble como “garantía” de que las empresas adjudicatarias de contratos públicos pagarían comisiones. Según el documento, el contrato de arrendamiento con opción a compra del inmueble fue firmado el 24 de abril de 2019, con una fecha de expiración en febrero de 2024, pero nunca llegó a ejecutarse ni a habitarse por Ábalos.
El escrito también señala que las comisiones que Ábalos habría solicitado ascienden a cerca de dos millones de euros y no se limitarían únicamente a la adjudicación de un contrato de material sanitario en favor de Soluciones de Gestión, según la declaración previa del acusado ante la Audiencia Nacional.
La operación, según la información publicada, pretendía garantizar que determinadas constructoras pagaran las comisiones pactadas si resultaban adjudicatarias de contratos públicos. El contrato inmobiliario, que finalmente quedó sin efecto tras haberse cumplido los compromisos, habría servido como instrumento para asegurar los pagos futuros.
IMPLICACIONES JUDICIALES
Este escrito añade nuevas dimensiones a un caso ya polémico, en el que las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias señalan directamente a Ábalos, una de las figuras destacadas del anterior Gobierno. La documentación aportada podría ser determinante para el desarrollo del caso en los tribunales.
Por el momento, ni el exministro ni su equipo legal han hecho declaraciones sobre estas acusaciones. La evolución del caso será clave para esclarecer las presuntas irregularidades en torno a los contratos públicos y la supuesta implicación de altos cargos políticos.
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