El anuncio hecho por el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar inmuebles, es el último giro en una política habitacional marcada por la improvisación y la falta de resultados efectivos. Tras siete años de gobierno, el Ejecutivo parece recurrir a medidas grandilocuentes para paliar un problema que no ha hecho más que empeorar bajo su mandato.
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales en España. En los últimos tiempos se han aprobado políticas como la Ley de Vivienda y los topes al precio del alquiler en zonas tensionadas, medidas que, aunque presentadas como soluciones progresistas, han tenido efectos contrarios. La limitación de los precios ha desincentivado a los propietarios de poner sus inmuebles en el mercado, reduciendo aún más la oferta y agravando la crisis.
Crear una nueva entidad no hará más que añadir otra capa de burocracia y gasto público, sin resolver el problema de fondo
En este contexto, la creación de una nueva empresa pública genera escepticismo. ¿Por qué confiar en un modelo con un mayor control estatal cuando el Ministerio de la Vivienda ha demostrado ser incapaz de gestionar eficazmente los problemas estructurales? No se trata solo de edificar viviendas, sino también en abordar las causas de la crisis, que incluyen la especulación, la falta de incentivos para el alquiler y la escasa oferta en el mercado público y privado.
Es fundamental que el Gobierno reconozca que el modelo actual ha fracasado. Crear una nueva entidad no hará más que añadir otra capa de burocracia y gasto público, sin resolver el problema de fondo. Si el objetivo real es garantizar el acceso a la vivienda, las soluciones deben pasar por aumentar la oferta de manera equilibrada, liberar suelo, fomentar la colaboración público-privada y asegurar políticas estables y sostenibles.
Más que "ocurrencias", se necesita una estrategia seria y coherente que priorice resultados, no titulares sensacionalistas. Aunque quizá eso sea mucho pedir para un Gobierno, que presume de ser "el más progresista de la historia del país", que se muestra incapaz de resolver, ni siquiera de paliar parcialmente, el mayor problema que afecta a la sociedad española.
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