El decreto exige la recopilación de hasta 18 datos personales por cada viajero: nombre completo, documento de identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia, teléfono, e-mail, fecha y lugar de llegada, fecha y lugar de salida, datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, estado civil, procedencia, motivo del viaje, medio de transporte, matrícula del vehículo, dirección de estancia en España y personas acompañantes.
Esta información debe ser enviada a las autoridades de seguridad, que gestionarán los datos para crear un registro exhaustivo de quienes se alojen en hoteles o alquilen vehículos en el país. La medida ha sido justificada por el Ministerio del Interior como una herramienta crucial para mejorar el control y la seguridad dentro del territorio español.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) ya hizo notar su descontento con esta nueva ley, antes incluso de que se retrasara su aplicación hasta el 2 de diciembre. Los hoteleros piden que se replantee el nuevo registro de viajeros, ya que, según el sector, presenta numerosas problemáticas.
Según la FEHM, la voluntad del sector hotelero y la plena colaboración es evidente puesto que, tal y como han recordado,, ya son muchos años recogiendo datos de registro de viajeros para las fuerzas de seguridad del estado. "Para nosotros, la seguridad es uno de los principales atributos que tenemos como potencia turística y queremos seguir aportando y contribuyendo a esta fortaleza".
Sin embargo, han lamentado, que "desde el Ministerio de Interior se promovió un cambio de gran calado, sin haber mantenido interlocución previa con los sectores afectados, en lugar de trabajar en cooperación y proactivamente".
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), por su parte, reclama una revisión profunda del Real Decreto 933/2021, argumentando que no es solo un problema de plazos tecnológicos, sino de contenido. Sostienen que la norma genera inseguridad jurídica, es incompatible con la normativa de la UE y supone una carga administrativa desproporcionada.
CEHAT, mediante un comunicado, critica la falta de diálogo con el Ministerio del Interior, asegurando que la nueva normativa afectaría la competitividad del sector turístico y que su implementación generaría caos en la industria.
ECO EN LA PRENSA INTERNACIONAL
La normativa también ha despertado preocupación en torno a la privacidad de los viajeros. En la prensa internacional, se ha señalado que esta medida podría verse como una especie de "Gran Hermano" al estilo de la novela de George Orwell, donde los turistas, en lugar de disfrutar de sus vacaciones, estarían siendo objeto de una vigilancia masiva.
Aquí se pueden ver algunos recortes de los principales titulares de la prensa internacional. Por ejemplo, el Daily Mail escribe "Furia por la ley 'Gran Hermano' que obligará a los británicos a entregar información sensible cuando visiten España"; el Stuttgarter Zeitung titula "El objetivo de España es el viajero transparente"; desde Países Bajos, De Telegraaf escribe "España introduce restricciones a los viajes: los turistas deben facilitar una enorme lista de datos".
Además, algunos expertos en derechos digitales han advertido que la cantidad de datos personales que se solicitarán podría suponer una invasión a la privacidad de los individuos. En comparación con otros países europeos, España parece ir un paso más allá en términos de control sobre los movimientos de los turistas. Si bien otros países requieren algunos datos básicos para la prevención de delitos, la amplitud de la información exigida en el Real Decreto 933/2021 es notablemente más extensa.
EL MINISTERIO DE INTERIOR SE DEFIENDE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro documental de las reservas pasó todos los informes "pertinentes" y no fue objeto de impugnación en su puesta en funcionamiento. "Esta normativa estudió, valoró y tuvo en consideración todos los intereses, tanto el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, como también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos", ha añadido en su intervención.
La reciente decisión del Ministerio de aplazar dos meses más el nuevo registro, previsto anteriormente para este 1 de octubre, supuso "un alivio para las compañías de la industria, que mostraron durante meses su oposición y disconformidad por la aprobación de esta normativa". El motivo del nuevo retraso, argumenta el Ministerio, responde a razones técnicas para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos.
BALANCE ENTRE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
La intensificación del registro de viajeros en España refleja una tensión entre dos valores: la seguridad y la privacidad. Si bien el Ministerio de Interior asegura que la recopilación de estos datos es necesaria para proteger al país frente a amenazas, la medida ha planteado preguntas importantes sobre hasta qué punto es razonable sacrificar la privacidad en nombre de la seguridad.
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