Burocracia ineficaz obstaculiza inversión y empleo

Con preocupación, Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, señala que la realidad que enfrentamos evidencia, lamentablemente, que a pesar del interés y el esfuerzo de los responsables públicos por abordar la urgencia habitacional y poner en marcha un plan integral de infraestructuras y equipamiento comunitario en todas las islas, su implementación resulta prácticamente utópica. La principal dificultad proviene de la propia Administración Pública canaria, que en sus diferentes niveles territoriales—autonómico, insular y local—se convierte en el mayor obstáculo. Esta administración carece de la capacidad adecuada para gestionar, tanto en términos de personal como de recursos materiales y motivación, lo que le impide cumplir con sus obligaciones de servicio público de manera oportuna. Como consecuencia, los procesos se prolongan indefinidamente, generando pérdidas tanto para empresarios como ciudadanos, sin perspectivas claras de solución a corto o medio plazo. Esto pone en jaque la supervivencia de las empresas, así como el empleo y la actividad productiva.

Es urgente la adopción de medidas normativas y legislativas que generen la tan deseada simplificación administrativa, lo cual conllevará una mayor seguridad jurídica y permitirá establecer métodos cuantificables y verificables para evaluar la productividad de los empleados públicos. A pesar de ser consciente de la gravedad del problema, el Gobierno de Canarias está demorando en implementar estos ajustes, lo que provoca que cada día que transcurre se incremente exponencialmente la recaída relacionada con el desajuste administrativo.

En Canarias, el problema fundamental y estructural que obstaculiza una actividad económica dinámica es el exceso de una burocracia ineficaz. Este obstáculo impide alcanzar los objetivos políticos y satisfacer la demanda ciudadana en lo que respecta a la vivienda. Para los compradores, el retraso en la obtención de licencias de obra nueva genera un sobrecoste medio cercano a 14.000 euros por vivienda. A pesar de que la legislación establece un plazo máximo de 3 meses para obras mayores, el tiempo promedio para la concesión de estas licencias en nuestra Comunidad Autónoma se sitúa en 18 meses. En algunos municipios, este periodo puede incluso superar los 36 meses, lo que desincentiva la iniciativa empresarial y aleja las inversiones.