En el debate entre deontología y utilitarismo gana este último por goleada. Lo útil es lo necesario, lo deontológico es prescindible. Esto es así porque la obediencia a la puesta en práctica de la conveniencia impregna todos los ámbitos, especialmente aquellos donde la deontología debería ser la que inspirara el ejercicio de profesionales que han prometido sus cargos con total independencia. El utilitarismo no casa bien con la democracia, pues la utilidad se presenta de forma sobrevenida y no puede estar prevista en un programa electoral, que debería ser el contrato que liga al pueblo con sus gobernantes.
Un ejemplo es lo relacionado con la ley de Amnistía. Los políticos de una determinada ideología pensaban y declaraban abiertamente antes de las elecciones que se trataba de una cuestión inconstitucional. Me imagino que los jueces adeptos deberían ser de la misma opinión. Sin embargo, el utilitarismo, al contemplar las causas sobrevenidas les obliga a cambiar de parecer. En este caso parece claro que alteran su compromiso deontológico por una recomendación de carácter utilitario. Decir que prima lo utilitario frente a lo deontológico equivale a decir que lo hace también lo ideológico ante el juramento profesional. De esta manera, solo basta en qué forma se dividen ideológicamente los tribunales para saber lo que van a fallar.
Estamos en lo mismo, y esto entorpece el entendimiento del famoso bloqueo a los órganos de gobierno de la judicatura. En el tablero de ajedrez se simbolizaba a los poderes con las distintas fichas: los peones el pueblo llano, los caballos el ejército, los alfiles el clero y las torres las fortificaciones de los pequeños señores feudales. Faltan los jueces. Habría que inventar un nuevo juego donde éstos figuraran con un marcado carácter de influencia en la jugada. No hace mucho que fue nombrada la nueva presidenta del CGPJ y todos se felicitaban de que por fin había llegado la neutralidad a los órganos judiciales. Hoy se anuncia el rechazo de los recursos de las Comunidades Autónomas ante el Constitucional y se vuelve a revolucionar el gallinero político en los medios de comunicación.
Todo esto sucede cuando se anuncia la presentación de una ley de regeneración democrática. El comportamiento honesto de la clase política, de la prensa y de los jueces no se regula por ley, sino por un compromiso sincero de rectificación. La cuestión es adivinar si estamos ante un tema utilitario o deontológico. Lo deontológico requiere una decisión personal; es inútil que una ley regule las tendencias que algunos humanos tienen por defender sus lealtades militantes, si esto no se ejerce por el convencimiento de su juramento profesional, porque si no estaríamos poniendo a la ideología por encima de todo, a riesgo de caer en las cercanías del totalitarismo. El totalitarismo está muy próximo al utilitarismo.
Si observamos las justificaciones que se argumentan a diario no nos queda más remedio que reconocer que nos estamos alejando de un sistema igualitario y participativo para aproximarnos, cada vez más, a una autarquía que salta por encima de lo deontológico para imponer sus propuestas utilitarias. Lo malo es que ese utilitarismo no es general, solo se justifica si favorece a una de las partes, y así no puede ser. Si fuera para todos, estaríamos ante el concepto limpio del interés general o del bien común, y no es así.
Si (
No(
