Socialistas y populares triunfaron en la votación para que los menores no acompañados llegados a las Islas fueran distribuidos, equitativamente, en todas las comunidades autónomas. Perdimos los canarios. Perdió Canarias.
El desenlace nos deja con una insoportable sensación de desprecio y humillante trato colonial, tanto por parte de las instituciones del Estado como de los dos grandes partidos que se alternan en el Gobierno de España. Populares y socialistas instrumentalizan el agobiante problema que sufre Canarias con la inmigración irregular llegada a través del mar (especialmente con los menores no acompañados) para dirimir una más de sus frecuentes batallas políticas.
Unos, los socialistas, celebran la contradicción en la que ha caído el partido de Núñez Feijóo, entre la postura adoptada en el Congreso de los Diputados y la posición sostenida en el Gobierno que comparte en las islas con Coalición Canaria. Los otros, los populares, se alborozan porque han infringido una nueva derrota al Gobierno de Sánchez, dejando en evidencia la fragilidad de los apoyos parlamentarios sobre los que está sostenido. Mientras tanto, a los canarios y a la gente que vive aquí, sintiendo y compartiendo los mismos problemas, nos han dejado, una vez más,
mascullando entre rabia, resignación e impotencia.
Superado el trámite canario, socialistas y populares ambos han vuelto de inmediato a lo que verdaderamente les interesa. A Núñez Feijóo y los suyos, echar a Sánchez de La Moncloa cuanto antes. Al presidente del Gobierno español, seguir negociando concesiones a Cataluña para mantenerse en el poder, sin importarle la humillación.
Recuérdese que el Congreso de los Diputados debatía el pasado martes la admisión a trámite de la proposición de Ley de modificación de la Ley de Extranjería, impulsada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. La reforma propuesta planteaba algo tan racional, sensato, humanitario y solidario como que los menores no acompañados llegados a Canarias, Ceuta o Melilla fueran distribuidos, de una forma equitativa, entre todas las comunidades autónomas.
La proposición de Ley fue la vía escogida por los socialistas para buscar la contradicción dentro del Partido Popular, sin que el Gobierno de Sánchez tuviera que posicionarse con determinación y responsabilidad ante un asunto tan sensible como el de los menores no acompañados. Ha intentado Sánchez evitar el uso de una alternativa más rápida y pragmática, como hubiese sido el Decreto Ley, impulsado desde el seno del Consejo de Ministros.
El problema humanitario, social y económico que se está anidando en el Archipiélago con la inmigración llegada por mar es tan grave que en algún momento merecerá la atención como tema de Estado por parte del Gobierno de España y de populares y socialistas. Desde la Metrópoli están empecinados en darle a Canarias un trato colonial en un asunto tan sensible como este de la inmigración. Así, resulta creciente el sentimiento de indefensión y abandono que aquí sentimos por parte de los dos grandes partidos de Estado y de las Instituciones españolas.
El Gobierno de España tiene que adoptar las medidas excepcionales previstas en el ordenamiento jurídico para llevar a cabo, de forma inmediata, por catástrofe humanitaria, una distribución de los menores no acompañados llegados a las costas españolas. Mientras tanto, las delegaciones que tiene la Administración del Estado en las Islas podrían ser dignos lugares de acogida para quienes hoy se hallan hacinados en los más de 80 centros habilitados por Canarias.
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