PACMA denuncia sacrificio de animales en La Palma

La Coordinación de PACMA en la isla de La Palma ha denunciado que algunos ayuntamientos de la isla podrían estar utilizando el sacrificio de animales rescatados en malas condiciones o víctimas de atropello, anulando así la posibilidad de una recuperación, en aras de recortar gastos veterinarios. En este sentido, Fernando Martín, coordinador de PACMA en la isla, ha hecho un llamamiento a las corporaciones locales para que examinen su política de bienestar animal y no infrinjan gravemente la legalidad vigente.

En el preámbulo de la Ley 7/2003 de 28 de Marzo de 2023 sobre protección de los derechos y el bienestar animal, se establece como una de sus premisas "la prohibición del sacrificio de animales de compañía, excepto en los supuestos contemplados en esta ley", especificando que dicho acto debe ser llevado a cabo por un veterinario. Además, se enfatiza que no se permite sacrificar a los animales por motivos relacionados con su ubicación, edad o las dimensiones de las instalaciones.

La recogida de animales extraviados y abandonados, así como su alojamiento en un centro de protección animal, corresponderá a los ayuntamientos según lo establecido en el artículo 22. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario que cuenten con un servicio de urgencia que se encargue de la recogida y atención veterinaria de estos animales las veinticuatro horas del día. Esta labor puede ser realizada directamente por los servicios municipales correspondientes o por entidades privadas. Es importante destacar que, siempre que sea factible, se debe llevar a cabo en colaboración con organizaciones dedicadas a la protección animal.

El tratamiento que esta ley otorga a la prevención del sacrificio de animales es de especial importancia. En su artículo 27, se establece de manera explícita la prohibición del sacrificio en diversos lugares como los centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos, ya sea por motivos económicos, sobrepoblación, falta de espacio, incapacidad para encontrar un adoptante en un tiempo determinado, abandono del responsable legal, vejez, enfermedad o lesión tratable, problemas de comportamiento corregibles u otras razones similares a las mencionadas anteriormente.

"Denunciaremos cualquier actuación que contravenga la legalidad vigente, asumiendo nuestra responsabilidad como partido político", afirma Martín desde PACMA. "Queremos recordar a las instituciones públicas que el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado, está considerado una infracción muy grave y castigado con penas de multas que oscilan desde 50.001 euros a 200.000 euros".

Las autoridades son instadas a cumplir la ley, proporcionando un trato digno a los animales rescatados. Deben buscar su cuidado y recuperación en situaciones de enfermedad o lesiones.