La declaración de Begoña Gómez, investigada por corrupción y tráfico de influencias, fue suspendida hasta el 19 de julio. Se le acusa de utilizar un software creado con fondos públicos para beneficio personal. La investigación también involucra a empresas como Indra, Telefónica y Google.
La declaración de Begoña Gómez, finalmente, no se llevará a cabo este viernes. Se ha argumentado indefensión y la necesidad de tiempo para familiarizarse con los hechos que se le imputan por parte de los abogados de la esposa del presidente del Gobierno. Su declaración ha sido suspendida por el juez Juan Carlos Peinado hasta el 19 de julio. En la recta final de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, el magistrado convocó a la esposa del presidente del Gobierno para declarar. Está siendo investigada por presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
A las 10.18 horas, Begoña Gómez se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla, minutos antes de su declaración. Vestía de negro riguroso y estaba acompañada por cuatro personas, incluido su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. La entrada al edificio se realizó a través del garaje, autorizada previamente por la juez decana de Madrid por motivos de seguridad y para prevenir incidentes, tal como solicitó la directora del departamento de Seguridad de La Moncloa. En las cercanías, un importante despliegue policial respondió a las protestas de alrededor de cien personas.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este viernes a la esposa del presidente del Gobierno para declarar como investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Anteriormente, ella había solicitado al juez que solo se grabara el audio de su declaración en sede judicial, no la imagen, debido a su "relevancia pública".
La investigación interna a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva dirigida por Begoña Gómez está siendo llevada a cabo para determinar si se ha cumplido con la normativa de la universidad, informó Goyache al Consejo de Gobierno de la UCM la semana pasada. Juan Carlos Doadrio, vicerrector, acusó a Goyache de ser quien respaldó el nombramiento de la esposa de Sánchez, una afirmación que él niega. Los directores del programa no han solicitado la continuidad del máster para el próximo curso, lo que resultará en que la institución académica no lo ofrezca.
Según informó El Confidencial, Begoña Gómez se habría reunido con directivos de Indra, Telefónica y Google para solicitarles la creación de un software gratuito que sería utilizado en el curso polémico que ella codirige sin tener la titulación requerida. A pesar de que los trabajos tuvieron un valor de 150.000 euros, no se realizó ningún pago por ellos. Posteriormente, la esposa de Sánchez patentó la aplicación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y comenzó a gestionarla de forma exclusiva, ofreciéndola a otras empresas.
La duda sobre la creación y desarrollo del software en cuestión llevó a Hazte Oír y Vox a presentar una querella contra Begoña Gómez. Alegan que la propiedad del mismo pertenece a la UCM y que la investigada lo utiliza para sus propios fines bajo la marca Transforma TSC. En julio del año pasado, la universidad comenzó el proceso de contratación de este sistema por un valor de 72.000 euros, firmando el contrato el 2 de agosto.
Cuando el proyecto estaba desarrollado al 80%, las tres compañías que crearon la aplicación se desvincularon del mismo. En febrero de 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, aumentó su participación en Indra un 28% con la aprobación previa del Consejo de Ministros, según denunció la formación presidida por Santiago Abascal. Fue en octubre cuando Begoña Gómez presentó formalmente la solicitud ante la Oficina de Patentes para registrar el software.
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