“La citación de Begoña Gómez demuestra que nos estamos jugando el Estado democrático”. Esto ha dicho Teresa Ribera, la candidata socialista a las elecciones europeas. El Estado democrático, además de populista debe ser un Estado de Derecho, y la aplicación de las leyes jamás puede constituir una amenaza para desmontar el sistema. ¿A qué Estado democrático se refiere, al que fuerza la aprobación de las leyes con la única intención del favor electoral? ¿Al que lleva a cabo aquello que prometió que no iba a hacer solo por conveniencia? ¿Al que dice que hará de la necesidad virtud? ¿Quién atenta contra el sistema democrático, el ciudadano que ejerce su libertad de presentar una denuncia, el juez que la admite a trámite o el que se rebela ante estos hechos? ¿Dónde está el respeto por la justicia, en acatar su proceso normal o en desautorizarlo filtrando a la prensa informes contradictorios? ¿Cuántas imputaciones fallidas ha habido en persecuciones políticas? ¿Alguna vez se ha quebrado la democracia porque un juez cumpla con su obligación de poner en marcha un proceso? ¿No es poner en peligro al régimen el acusar a la judicatura de partidismo político cuando esto no ocurre a gusto de los que gobiernan?
Las declaraciones de la ministra Ribera coinciden con el hecho de sacar en procesión a la esposa del presidente cuya investigación se ha convertido en objeto de quiebra de las estructuras fundamentales de la Nación. Esto, en sí mismo, es un desafío al Estado de Derecho, que es como se debe llamar a la democracia. Hay quien cree que solo se trata de aritmética, pero es algo más. Ni la aritmética ni las urnas dan derecho a todo. No, señora Ribera, la aplicación de la justicia no pone en riesgo nada; el intento de mediatizarla, de intervenirla y de controlarla sí.
Pedro Sánchez ha ido a Benalmádena a darse un baño de masas con su mujer, planteando un reto a los tribunales y a la independencia del poder judicial, que sí son un eje imprescindible de la democracia. Pretende plantear una lucha enfrentando a los votos con los procesos judiciales, aplicando aquella frase de Miguel de Cervantes que decía que donde hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho. Puede ser que las urnas lo exoneren, pero si esto ocurre, tenga por seguro la señora Ribera que la democracia no habrá ganado. Al contrario, habrá dado un retroceso del que le será difícil volver atrás.
Reconocer estas cosas sería ponernos en la tarea de recuperar lo perdido, de llegar al gran acuerdo que implique nuestro fortalecimiento como país. No hacerlo sería ahondar más en la demolición programada del régimen constitucional de 1978. Ese por el que tanto apostaron los socialistas en los últimos 46 años, o al menos eso es lo que se asegura. Bien merece la pena hacérselo mirar en lugar de acusar de traidores a los que denuncian estas cosas. No señora Ribera, la democracia no está en peligro porque un juez investigue a Begoña Gómez, sí lo hace por aceptar lo que usted dice. Ese sí que es un auténtico atentado contra el Estado de Derecho, igual que afirmar que son fascistas todos los que no estén de acuerdo con lo que usted promulga. Salve usted al planeta, salve a Europa de la ultraderecha, pero no se cargue a la seguridad jurídica que nos proporciona la Transición y nuestra querida Constitución.