Hereu dice que las competencias de pisos turísticos son de las comunidades aunque el Estado está "para ayudar". Envia requerimientos para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito
Se ha abierto una investigación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre posibles prácticas comerciales desleales relacionadas con las viviendas turísticas que operan sin licencia y se anuncian en plataformas destinadas al alquiler turístico en toda España. Las multas podrían alcanzar los 100.000 euros.
En diferentes ciudades españolas, se han identificado posibles prácticas de este tipo desde la Dirección General de Consumo, que está integrada en este ministerio.
Según la Dirección General de Consumo, las prácticas comerciales que se basan en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios serían consideradas desleales. Estas prácticas podrían generar lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores y usuarios de manera generalizada.
Esta investigación ha sido iniciada por el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy con el objetivo de proteger a las personas consumidoras y usuarios frente a las prácticas de viviendas turísticas que operan sin licencia, según la información oficial proporcionada por autoridades autonómicas y municipales competentes en este ámbito.
"En base al Artículo 47 de la mencionada ley general, se ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico por parte de la Dirección General de Consumo. Desde Consumo, se hace especial hincapié en obtener información sobre las viviendas anunciadas en este ámbito y en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas, que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales".
La Dirección General de Consumo estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas, que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, según el precepto legal. Se recabará información a través de estos requerimientos y se podrá sobrepasar la cantidad de 100.000 euros hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
"La apertura de esta investigación", recalca la Dirección General de Consumo, "no prejuzga el resultado final de la misma".
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