La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) expresó su desacuerdo con el anteproyecto de ley canaria de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda. Según Ascav, esta ley causa un daño irreparable a las viviendas turísticas en las islas.

La asociación, en un comunicado, describe la ley como un "exterminio" ya que establece los cimientos de una desaparición gradual pero inevitable de esta modalidad, con una combinación de las directrices más restrictivas de España y la UE.

"Señala que el Gobierno de Canarias ha dejado claro su objetivo de prohibir las nuevas viviendas vacacionales en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente."

"Una auténtica moratoria" a las viviendas vacacionales es lo que la asociación afirma que el anteproyecto publicado por el Gobierno regional representa. A partir de la entrada en vigor de la norma, según ellos, "no se van a admitir más altas", a menos que el planeamiento municipal lo autorice "expresamente".

"Prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las viviendas vacacionales", afirma Ascav. Según él, esto significa que en todos estos municipios las viviendas vacacionales quedarán automáticamente prohibidas. Además, los ayuntamientos que deseen autorizarlas se enfrentarán a tantos y tales condicionantes que será muy difícil cumplir con ellos.

"Es de imposible cumplimiento" el régimen transitorio que se aplica a las viviendas vacacionales que ejercen legalmente la actividad y que están inscritas en el Registro General Turístico de Canarias, según señala la asociación. Entre otras cosas, se les da cinco años para que se adapten desde el punto de vista técnico a determinadas cuestiones energéticas.

Desde Ascav señalan que, después de cinco años adicionales de prórroga, se les dará "la puntilla". Esto se debe a que las viviendas en edificios plurifamiliares, adosadas, en asentamientos agrícolas y fuera de ordenación, así como aquellas que ofrezcan más de ocho plazas, quedan excluidas.

Todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable serán desterradas absolutamente y se les prohibirá ejercer la actividad durante diez años, sin opción de subsanar o presentar una nueva solicitud en un plazo de 10 años, según lo previsto en el anteproyecto.

"INCONSTITUCIONAL"

"La nueva norma es considerada "inconstitucional" por Ascav, ya que invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los ayuntamientos. Además, se opone a la normativa de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE y las consideraciones públicas del abogado general comunitario al violar los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación."

El Alto Tribunal ha declarado ilegales los requisitos impuestos, por lo que señala que es contraria a su jurisprudencia.

Según su punto de vista, los inmuebles están siendo sometidos a una "expropiación forzosa encubierta", y además, no se ha implementado ninguna medida para fomentar la vivienda pública, a pesar de que el Gobierno canario lleva 15 años sin cumplir con sus responsabilidades y existen alrededor de 211.000 viviendas desocupadas.

"Más de 50.000 empleos directos se perderán, así como unos 2.700 millones de euros anuales", advierte Ascav. Además, miles de autónomos y pequeñas empresas están "abocadas al cierre" y muchas propiedades serán vendidas a inversores extranjeros.

"Continúan con la escalada de precios de los alquileres", advierte en esa línea, señalando que la ley no resolverá el problema de la escasez de vivienda y el aumento del costo del alquiler. Barcelona, que ha estado en moratoria técnica de viviendas turísticas desde 2017, y Nueva York, con una norma ampliamente restrictiva desde septiembre, son ejemplos claros de esta situación.

"Promover más vivienda pública, incentivar la construcción de vivienda privada a precios asequibles o establecer un marco jurídico seguro y fiable para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración garantizando incluso por el propio Gobierno el pago de las rentas para que las familias más necesitadas accedan en igualdad de condiciones y no se queden fuera por sus bajos ingresos", es otra solución propuesta por la asociación.