Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del Diálogo Social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales.
Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva.
La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador.
Hacerlo de otra manera, y fuera del marco del Diálogo Social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas, en especial PYMES y autónomos, siguen yendo por detrás en la recuperación.
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