Justicia en el congelador

Para intentar entender los motivos que finalmente han conducido a los letrados de la Administración de Justicia a iniciar una huelga indefinida, seguramente convenga remontarse a varios años atrás, en concreto a 2009, fecha en que se aprobó una importante reforma de la legislación procesal (Ley 13/2009, de 3 de noviembre). A raíz de dicha reforma, se atribuyeron a los citados letrados —los antiguos secretarios judiciales— algunas responsabilidades que antes estaban sólo en manos de los jueces, como por ejemplo la tramitación de la jurisdicción voluntaria o la tramitación de la ejecución de las sentencias.

Esas nuevas responsabilidades suponían una mayor carga de trabajo para los letrados judiciales, pero aun así no solicitaron entonces un incremento salarial, al considerar que el contexto de crisis económica que se estaba viviendo en aquel momento en España no era el más adecuado para una reivindicación económica de ese tipo. Transcurrida algo más de una década desde entonces, en abril de 2022 dichos letrados iniciaron conversaciones con el Ministerio de Justicia para poner sobre la mesa las reivindicaciones salariales que en 2009 habían decidido aparcar de forma provisional. En concreto, el pasado año solicitaron diversas mejoras económicas y laborales.

Una de esas mejoras implicaba reducir los actuales cinco "grupos de población" de los letrados judiciales a sólo tres en total, suprimiendo los dos últimos grupos. El concepto "grupo de población" hace referencia al destino específico en el que trabaja cada letrado judicial. Así, un letrado que por ejemplo desarrolla su labor en un Juzgado de Madrid está incluido en el grupo uno —en Santa Cruz de Tenerife estaría incluido en el grupo dos—, mientras que un letrado que trabaja en un Juzgado de una pequeña población está incluido en el grupo cinco. El sueldo base es el mismo, pero los complementos de destino son mayores para quien está en el grupo uno que para quien está en el cinco.

En la actualidad, el sueldo de un letrado del grupo uno es de casi 2.700 euros al mes y el de un letrado del grupo cinco es de unos 1.900 euros, a pesar de que ambos tienen las mismas responsabilidades. Por ello, los letrados judiciales querrían la supresión de los grupos cuatro y cinco, cuyos integrantes serían redistribuidos a los otros tres grupos. Cabe recordar, además, que todos los letrados judiciales pasan la misma oposición, con independencia de cuál pueda ser luego su destino final. En dicha oposición, en la que se exige la licenciatura de Derecho, hay que preparar 290 temas. Una vez hecha ya la oposición, quien la aprueba pasa a ser funcionario del grupo A1.

POSTURAS DIVERGENTES

Según las asociaciones convocantes de la huelga, en las reuniones de abril de 2022 con el Ministerio de Justicia se habría llegado ya a un principio de acuerdo para la aplicación de las citadas mejoras salariales y laborales, si bien desde el Gobierno se considera que dicho acuerdo no se habría llegado a suscribir entonces como tal. En ese contexto, una primera medida de presión de los letrados judiciales fue la convocatoria de dos días de paros parciales en noviembre y otros dos en diciembre, exigiendo el cumplimiento íntegro de aquel "acuerdo". Finalmente, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, los letrados iniciaron una huelga indefinida el 24 de enero.

Por su parte, la ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop, expresó hace unos pocos días cuál es la posición de su departamento sobre este conflicto. "Hay que seguir dialogando y buscando soluciones a esta situación, que está provocando un grave daño al servicio de la Administración de Justicia, tanto a los ciudadanos que van a los Juzgados a reclamar por sus derechos e intereses legítimos como también a los profesionales del sector", afirmó.

La ministra explicó que Justicia ha puesto sobre la mesa una propuesta específica, "que ha sido rechazada por el comité de huelga". Dicha propuesta unifica "determinadas categorías" de partidos judiciales, "para que los letrados y las letradas de la Administración de Justicia que ahora mismo cobran menos, aproximadamente unos 1.900 euros al mes, puedan llegar a tener un aumento en sus retribuciones de unos 5.000 euros al año". Según la ministra, los huelguistas "insisten en una cláusula de enganche que no es viable, pues piden un 85 por cien de las retribuciones de los jueces".

Esa petición concreta era uno de los puntos incluidos en el supuesto acuerdo que se habría alcanzado en abril de 2022 entre los letrados y el Ministerio. En ese sentido, Justicia habría cambiado ahora de opinión sobre dicho punto, presumiblemente a instancias del Ministerio de Hacienda. De hecho, Llop expuso que aprobar la citada cláusula de enganche supondría "un compromiso presupuestario de 61 millones de euros, que es mucho más de lo que destina el Ministerio a la asistencia jurídica gratuita, es decir, a asistir a las personas que no tienen recursos para acceder a la Justicia, que es un derecho fundamental".

LOS ARGUMENTOS DEL MINISTERIO

Las reivindicaciones económicas de los huelguistas suponen, según la ministra, "un aumento lineal en cada una de las nóminas de los letrados y letradas de la Administración de Justicia de más de 1.000 euros al mes". Para Llop, ese aumento no estaría justificado. "Cuando yo llegué al Ministerio —en julio de 2021—, ya subimos sus retribuciones a cada uno de ellos, en sus nóminas, con una media de 200 euros más al mes", recordó, recalcando a continuación que "además hay también un acuerdo presupuestario" que establece que los salarios de todos los funcionarios públicos "se van a subir un 9,5 por cien aproximadamente" en los tres próximos años.

"Yo entiendo que los letrados son una pieza esencial de la Administración de Justicia", señaló la ministra también en la capital balear. En ese sentido, indicó que "si ellos consideran que tienen mucha carga de trabajo, podemos analizar cómo actuar sobre las cargas de trabajo y hacer que tengan menos carga de trabajo, pero desde luego ahora mismo presupuestariamente la propuesta que hacen es inviable económicamente para el Ministerio de Justicia".

En esa misma línea argumentativa, Llop enfatizó que "todo hay que hablarlo" con los letrados judiciales, si bien insistió en que su departamento ha puesto ya sobre la mesa "una solución" de carácter económico. "Lo que tiene que hacer el Ministerio es velar por el buen servicio, por el servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas", prosiguió, para añadir: "Y lo que el comité de huelga nos plantea son medidas exclusivamente salariales".

"Les hemos pedido que nos hagan otras propuestas, que vayan orientadas al mejor servicio de la Administración de Justicia, y de momento no se han planteado", criticó la ministra, quien también cuestionó las "posturas maximalistas" de los letrados judiciales y el hecho de que hayan planteado una huelga con carácter indefinido, porque ello "genera un gravísimo daño al servicio público de Justicia". Hasta ahora, ha habido ya cuatro reuniones entre los huelguistas y el Ministerio. Dichas reuniones, que los letrados consideran "totalmente infructuosas", no llegaron a contar con la presencia de Llop, aunque sí con la del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.

LA POSICIÓN DE LOS LETRADOS

"Para intentar llegar a un acuerdo es necesario que haya cesiones por ambas partes, pero vemos que la posición del Ministerio de Justicia hasta ahora es no ceder en nada e intentar que nosotros nos desgastemos, algo que nosotros consideramos una postura irresponsable", explica la letrada judicial Margarita Avellá, en el conjunto de España suman 4.441 letrados judiciales.

Por lo que respecta a la subida salarial que promovió Llop cuando llegó al Ministerio hace dos años, Avellá indica que la ministra ofreció una información "sesgada" sobre esta cuestión, "pues aquella subida fue para todos los funcionarios de la Administración de Justicia, no sólo para los letrados, y además fue una subida mínima, teniendo en cuenta que durante muchos años no se nos había subido ni siquiera el IPC".

A continuación, esta letrada judicial da cifras concretas sobre el porcentaje de seguimiento de la huelga en el conjunto de España, que sería del 70 por cien. En cuanto a las repercusiones específicas de los paros iniciados el 24 de enero, Avellá explica que hasta ahora se han suspendido en el conjunto de España se han suspendido ya casi 300.000 juicios.

"La figura del letrado judicial todavía es bastante desconocida en nuestro país, a pesar de que existe desde hace ya mucho tiempo", lamenta Avellá. Sus orígenes históricos se remontan, de hecho, a principios del siglo XIII, cuando apareció en España la figura del escribano judicial, que era el testigo público de los pleitos que pasaban ante él. Hoy en día, la labor del letrado judicial sigue siendo también esencial, ya que "es el garante de que todos los actos procesales se realicen conforme a derecho", es decir, "da fe pública jurídica de los mismos". Podría decirse, en ese sentido, que lo que hace un notario en el ámbito privado, lo hace el letrado judicial en el ámbito público.

UNA SITUACIÓN COMPLEJA

Los letrados judiciales resuelven muy distintas cuestiones en los Juzgados. Todas sus funciones están, además, recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Uno de los temas más graves de esta huelga está relacionado, precisamente, con una de sus funciones, que es la expedición de mandamientos de pago", recalca el decano, quien explica que "una indemnización por despido, una condena a pagar unos alimentos de un hijo, una indemnización por un accidente de tráfico o una paga por alquileres de una vivienda están consignadas en un Juzgado".

Ello no quiere decir que todos los mandamientos de pago estén hoy paralizados en el 100 por cien de los casos, pues "cada Juzgado está llevando esta huelga un poco al ritmo que cada letrado considera". Inicialmente, las órdenes de pago no estaban incluidas en los servicios mínimos decretados para esta huelga, si bien los propios huelguistas recomendaron a mediados de febrero que los pagos de las pensiones alimenticias sí se incluyeran en los servicios mínimos. Con posterioridad, dos semanas después, Justicia decidió incluir el pago de dichas pensiones alimenticias en los servicios mínimos que deberán cumplirse obligatoriamente mientras dure la huelga.

Los servicios mínimos sí han incluido desde el principio la tramitación de las causas con un preso, las medidas cautelares o las declaraciones de víctimas de violencia de género. Aun así, para Aleñar los servicios mínimos "son muy mínimos", ya que por ahora no incluyen, por ejemplo, una indemnización por despido. En relación a este punto concreto, Avellá indica que, pese a todo, situaciones así o muy parecidas también se están solucionando estos días por parte de los letrados judiciales. "Ante la petición de un ciudadano en estado de necesidad que precisa esa indemnización, me pongo en su lugar y realizo ese pago", subraya esta letrada. En cualquier caso, se estima que en estos momentos hay bloqueados en torno a mil millones de euros en las cuentas de consignación de los Juzgados.

Por otra parte, como se ha señalado ya, desde el inicio de la huelga se están suspendiendo decenas de miles de juicios en toda España, porque el letrado judicial "es el que tiene que dar fe de lo que ha ocurrido en un juicio". En ese contexto, "ha habido algún juez que ha dicho que él celebraba un juicio aun sin letrado y que este podría adverar —dar por auténtico un documento— después, aunque eso está muy en el aire". Aleñar añade que "una de las cuestiones que por parte de la Abogacía se estaba solicitando era que en el caso de los juicios que se están suspendiendo, se avisase con algo de antelación a los afectados directos por ese aplazamiento temporal".

UN PLAN DE RECUPERACIÓN

En referencia a la citada petición de la Abogacía, Avellá señala que el comité de huelga también ha recomendado a los letrados judiciales que avisen con tiempo a los abogados y a los procuradores de la suspensión de un juicio o de algún acto procesal que se tenga que hacer en un Juzgado, "para evitar desplazamientos innecesarios". Cabe recordar que el letrado judicial es quien fija, mediante una resolución, el día y la hora de celebración de un juicio, pero siempre en base a la agenda del juez o del magistrado.

En cualquier caso, es evidente que esta huelga está teniendo unos efectos negativos sobre el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. "Desde el máximo respeto al derecho de huelga", que "aquí hay derechos fundamentales que están en juego, como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de los ciudadanos a que se imparta Justicia". Por ello, pide a los letrados judiciales y al Gobierno que "dialoguen, hagan un ejercicio de responsabilidad y flexibilicen sus posturas", pues "la Justicia no puede asumir esta paralización". Asimismo, solicita a ambas partes que "piensen en el enorme perjuicio que se le está ocasionando a los ciudadanos".

Un último hecho importante a tener también en cuenta es que, a pesar de la huelga, todos los plazos siguen corriendo para las denuncias y las demandas, por lo que se tienen que seguir presentando en tiempo y forma. "Tiene que haber constancia de que han sido presentadas en plazo, aunque ahora mismo no sepamos cuándo se registrarán en el Juzgado, para evitar que prescriban", afirma Aleñar. Por último, considera que hará falta un "plan de recuperación" para intentar paliar otra de las consecuencias de este conflicto, que es que se estima que por cada mes de huelga, serán necesarios luego cuatro meses de intensa actividad para poder ponerse al día.

SIN AVANCES CONCRETOS

Esta huelga "es una medida que ha estado muy meditada" por parte de todas las asociaciones de letrados judiciales. "Aun así, entendemos perfectamente la postura de los ciudadanos ante este paro, así como también la de los abogados y procuradores, en el sentido de que se sienten perjudicados por la huelga", resume, para finalizar: "Lo que nos cuesta entender es la postura que ha adoptado el Ministerio de Justicia desde el primer momento, totalmente en contra de nuestras peticiones, cuando yo creo que siempre se ha de escuchar a la otra parte, porque en todo conflicto es necesario dialogar para llegar a una solución".

De momento, las posiciones de ambas partes parecen inamovibles, según pudo constatarse de nuevo el pasado jueves, cuando centenares de letrados judiciales se manifestaron en Madrid pidiendo a la "ministra de la Injusticia" —sic— el cumplimiento de los mencionados acuerdos de abril de 2022. Hoy por hoy, los letrados de la Administración de Justicia consideran a Llop "culpable" de la prolongación del actual conflicto, mientras que la ministra se considera "inocente" de todos los incumplimientos que se le atribuyen.

Mientras tanto, los ciudadanos y los operadores judiciales directamente afectados por la huelga esperan que esta acabe lo antes posible. "Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia", escribió en cierta ocasión el gran escritor norteamericano Paul Auster. Es una cita que, muy posiblemente, ahora mismo todos suscribirían, en especial y sobre todo los ciudadanos y los letrados de la Administración de Justicia.