La exdirigente anticapitalista ha comparecido con la finalidad de "ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía", según informa el Supremo.
Su requerimiento por el juez del Supremo Pablo Llarena se remonta a febrero de 2018, quien emitió un auto en el que ordenaba su detención, imputada por un delito de rebelión, en el que también fueron condenados los famosos presos del procés, después absueltos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Gabriel, después de ser investigada como presunta autora de un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, fue declarada en rebeldía por auto de 9 de julio de 2018, y defiende su actuación como "un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie". Asimismo este mismo martes regresa a Suiza para continuar sus labores como secretaria general del sindicato UNIA de Ginebra.
La exdiputada, acusada de un delito de desobediencia a raíz del proceso independentista, añade que “ya habrá tiempo para poder hablar tranquilamente de todo, para realizar una valoración política, tanto en clave colectiva como individual. Mis compromisos políticos y sociales permanecen donde estaban, con mi pueblo, con sus gentes, y muy especialmente, con el conjunto de las personas represaliadas”.
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