El pasado lunes, el Gobierno declaró que en los meses de mayo y junio del año 2021 habían sido espiados los móviles del presidente Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles por organización ajena a la organización del Estado y que carece de autorización judicial.
Esa intromisión en un flanco delicadísimo de la seguridad de España se produjo en un momento clave de la acción del Gobierno central. No solo porque estaba caliente el frente diplomático y de seguridad con Marruecos, o sea, en plena crisis con Marruecos, sino que fue durante la gestión de los indultos a los presos del 1-O, y estaban en marcha pesquisas judiciales y de inteligencia sobre intervenciones rusas en Catalunya de la mano del traidor y cobarde Puigdemont.
Aragonès, Junqueras, Puigdemont y demás adláteres candidatos natos a delincuentes (entre los que destaca Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán, que está siendo procesada por cuatro delitos de corrupción, malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental, y que se aferra al cargo con manos y patas cual escarabajo pelotero) llevan quince días amagando y amenazando con poner querellas criminales, sin pruebas, contra el Gobierno central por los no probados y presuntos espionajes a los que, presuntamente, han sido sometidos, sin que lo hayan hecho. Mientras, el Gobierno central comunicó que les habían espiado después de ponerlo en manos de la abogacía del Estado y haberlo denunciado ante la Audiencia Nacional. Se ve la diferencia, ¿no?
Delincuentes que con sentencia firme por sedición e indultados que protagonizaron un ataque frontal al orden establecido por todos los españoles, declarando de forma unilateral la independencia de una parte del país, como es Cataluña, usando métodos de guerrilla, financiado y auspiciado en particular por una potencia extranjera, sin respeto ni por los ciudadanos españoles en general, ni por los catalanes en particular que no estaban de acuerdo, ni por las leyes que les habían puesto donde estaban, y que pretenden volver a delinquir, y que ocuparon el aeropuerto del Prat, quemaron las calles un día sí y el otro también, y cortaron la circulación de la autopista A7 varias veces. Para considerarlos peligrosos, ¿qué tenían que hacer? ¿Asesinar a alguien?
El autor del reportaje de la revista 'The New Yorker', Ronan Farrow, que destapó “la trama Pegasus” afirmando que democracias como la española “espían a sus ciudadanos”, lo hizo basándose en una serie de denuncias de los propios activistas a favor de la independencia catalana, denuncias sin contrastar, ni comprobar. Es un individuo que ha sido anteriormente culpado por no corroborar sus investigaciones, que está acusado de creer en conspiraciones en general, y acusado directamente por el diario 'The New York Times' de graves fallos en el ejercicio de su oficio. ¡Todo un figura, a tono con los independentistas!
Soliviantados los independentistas, esperando lo que iba a suceder, porque se enteraron que les iban a descubrir y que explotaría su delito de espiar al Gobierno central, mediante ayuda externa, fueran los propios delincuentes independentistas los que crearon la noticia de sus propios, falsos e ilegales espionajes para luego quejarse de forma harto histriónica, demostrando, una vez más, lo falsos y peligrosos que son.
Otrosí digo: ¿Echenique hablando de dignidad? Otro delincuente e inmoral condenado en sentencia firme por la contratación irregular de su asistente, sin que haya dimitido, pidiendo que dimita la ministra de Defensa. ¿Por qué no se calla?
¿Capisci?
Si (
No(
