El texto establece que la capital balear sólo podrá recibir un total de tres cruceros al día, y únicamente uno de ellos podrá tener una capacidad superior a los cinco mil pasajeros. Además, supondrá que el puerto de Palma acogerá un 14,5 por ciento menos de escalas que en 2019.
Al acto de la firma, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Palma, han asistido la presidenta del Govern, Francina Armengol; el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, y la directora general de Turisme, Rosana Morillo.
Por parte del sector de los cruceros han asistido la directora general de CLIA Europa, Caroline Laurent, y el director de CLIA España, Alfredo Serrano, entre otros representantes.
ARMENGOL: "HAY QUE GARANTIZAR LA CALIDAD ANTES QUE LA CANTIDAD"
Tras firmar el documento con representantes del sector, la presidenta del Govern ha destacado que este acuerdo garantiza "el turismo de presente y de futuro". A su juicio, "la clave está en el equilibrio y, para que siga siendo importante la presencia de cruceros en estas islas, es necesario garantizar la calidad antes de cantidad".
Armengol ha resaltado que este texto de "entendimiento", que permitirá "equilibrar" la llegada de cruceristas, lleva detrás "muchos años de trabajo" entre la parte pública y la privada. "Baleares es siempre pionera en turismo", ha subrayado, admitiendo que muchas de las medidas que se proponen desde el Govern en este sentido "son controvertidas", pero "si uno no arriesga, nunca consigue los objetivos que se plantea como sociedad".
Por su parte, la directora general de CLIA Europa, Caroline Laurent, ha celebrado que el Govern y el sector de los cruceros alcancen esta "visión común para un turismo responsable", destacando que este acuerdo llega tras "dos años de trabajo intenso". Bajo su punto de vista, "Palma es una ciudad que ofrece muchas cosas a los visitantes", razón por la cual ha destacado la necesidad de preservar su entorno.
UN SECTOR QUE GENERA 500 MILLONES DE EUROS AL AÑO
Laurent ha remarcado el compromiso de "construir un futuro mejor con las comunidades locales" por parte de la industria de los cruceros, un sector que genera 500 millones de euros al año y proporciona empleo a cuatro mil personas en las Islas.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha considerado que "hablar de turismo es hablar de Baleares, y hablar de recuperación del turismo es hablar también de esta región". Valdés ha remarcado que "el verano apunta realmente bien" en el archipiélago, que es "la comunidad con mejores perspectivas de recuperación de toda España".
El alto cargo del Gobierno ha definido el acuerdo como "histórico", dado que servirá para llevar a cabo una gestión "inteligente y sostenible" de los cruceros que llegan a la capital balear. En este punto, Valdés ha señalado que este pacto servirá para que la industria continúe generando beneficios económicos a la ciudad sin que esto "sature" los servicios, y garantizando, por tanto, "la convivencia del turismo con su entorno".
HABRÁ HASTA 20 DÍAS CON UN MÁXIMO DE CUATRO CRUCEROS
Este pacto llega tras dos años de negociaciones y contactos entre navieras y el Govern. Concretamente, se materializó el pasado mes de diciembre, en Hamburgo, tras un encuentro entre el conseller de Turisme, Iago Negueruela, y los máximos responsables de CLIA, Costa Cruceros, MSC Cruceros, TUI Cruises, Royal Caribbean y Marella Cruises.
El documento tiene validez durante los próximos cinco años y establece una serie de días de jornadas excepcionales este 2022, que, en todo caso, serán menos de 20. Únicamente durante estos días podrán atracar un máximo de cuatro buques en el puerto de Palma. Además, en 2023 ya no se contemplará esta excepcionalidad, por lo que no se podrá exceder el número máximo de cruceros por día pactados.
Al mismo tiempo, no se podrán superar los 8.500 cruceristas diarios en el cómputo semanal en la capital balear. De esta manera, las llegadas deberán ser siempre inferiores a esta cantidad.
Cabe recordar que este límite a la llegada de cruceros era uno de los compromisos fijados en los denominados 'Acords de Bellver', firmados en 2019 por parte de las formaciones políticas que prestan su apoyo al Ejecutivo autonómico.
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