Así lo han decidido finalmente los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades en una reunión en la que han establecido que a partir de esa fecha las pruebas diagnósticas se centrarán en personas (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios), así como casos graves, en los que se focalizará a partir de ahora la vigilancia.
La nueva estrategia de seguimiento y control entrara en vigor el próximo lunes siempre y cuando los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel de riesgo bajo, han informado a Efe fuentes de este órgano.
Salud Pública justifica que los cambios que han acordado se fundamentan en que "los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables".
La vigilancia en esta fase de transición dará paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas que deberá conformar los sistemas de vigilancia centinela de las enfermedades respiratorias agudas (IRAs).
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En relación al control de la COVID-19 en la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.
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