Asuntos judiciales

Tras varios años de polémica, parece que el PP ha decidido suprimir las tasas judiciales para las personas físicas. ¿Medida necesaria? Por supuesto. ¿Suficiente? Ni de lejos. ¿Tardía? Mucho. ¿Oportunismo político? Para mí, sin lugar a dudas.

Las tasas fueron una medida adoptada por el gobierno del PP e, indiscutiblemente, ha supuesto una dificultad adicional para que la gente corriente acceda a los tribunales. Si ya era costoso, duro y largo iniciar un procedimiento, el pago de una tasa hacía que esa decisión fuera aun más difícil de adoptar. Tan inoportuna fue la medida que logró prácticamente una unanimidad en la crítica: casi la totalidad de los profesionales del derecho opinamos que el derecho a una tutela judicial efectiva preconizado por el artículo 24 CE no era fácil de conjurar con la exigencia de una tasa a los ciudadanos, que ya financian la justicia con sus impuestos.

Creo que es enormemente complejo medir el impacto que la Ley de Tasas supuso sobre la facturación de los despachos de abogados (se habla de hasta un 30% menos de trabajo), porque la época en la que se aprobó la Ley de tasas coincidió con la congelación del crédito bancario y con la mayor crisis económica que ha habido en nuestro país. No obstante, como tantas otras decisiones incomprensibles adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy, imponer una tasa dificultó que la gente pudiese acudir a los tribunales a ejercitar sus legítimos derechos. Por eso, celebro que, aunque sea tarde, se vayan a eliminar las tasas para las personas físicas, pese a que creo que debería ampliarse esa lista de exentos en el pago de las tasas judiciales.

Por otro lado, también debo mostrar mis reservas sobre la duración de las instrucciones en los casos de corrupción. Una cosa es que se dote a la justicia de los medios necesarios (materiales, humanos y económicos) para poder instruir eficientemente un procedimiento judicial, pero no estoy de acuerdo en que se fije un límite taxativo para su duración porque, no lo olvidemos, hay procedimientos enormemente complejos. Pensemos que muchos de los procedimientos que investigan la corrupción se eternizan por las comisiones rogatorias que se remiten a otros países o porque se hace necesario buscar un dinero escondido en el extranjero. Por eso, limitar la instrucción a un determinado ámbito temporal puede contribuir a que no se llegue a descubrir si se ha ocultado dinero en el extranjero, por ejemplo.

Lo que sí creo que debería controlarse es que los tribunales no abran causas que luego se pasen años durmiendo el sueño de los justos, eternizándose no por culpa del resultado de una comisión rogatoria, sino por la inacción del Juzgado que la abrió en su momento.

Para acabar, sigo echando de menos que se castiguen las filtraciones a la prensa. Mostrando todo mi respeto por el derecho a la información, y lo digo desde un periódico, no me parece de recibo que, en ocasiones, la prensa conozca una determinada resolución judicial antes que el propio afectado o que sus abogados.

Sobretodo porque, en determinados medios de comunicación, el rigor a la hora de escribir una noticia, o un titular, brilla por su ausencia. Y en un tema tan sensible como la corrupción política, los matices son enormemente importantes (por mucho cabreo que pueda tener la gente).