El diputado de Nueva Canarias en el Congreso Pedro Quevedo rechazó hoy las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda al defender la existencia de un marco normativo básico “pactado para corregir el drama” del acceso a una residencia digna. Quevedo advirtió de que Nueva Canarias “no va a defender nunca” una pérdida de las competencias de las comunidades hacia el Estado.
El portavoz de los nacionalistas progresistas en la Cámara Baja se ha mostrado partidario de tramitar el texto gubernamental ya que afecta a una situación de una “gravedad extraordinaria” para un porcentaje “significativo” de la población canaria y del resto del Estado.
El diputado de NC avanzó que rechazará cualquier intento de recentralización de las competencias transferidas a las comunidades y las corporaciones locales. Nueva Canarias “no va a defender nunca una pérdida de competencias” de los territorios hacia la Administración del Estado, tal y como subrayó.
Para los nacionalistas progresistas es correcto que exista un marco normativo básico “pactado” que profundice en el reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y para establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, como recoge el artículo 47.
Es “mejor este escenario, entendiendo que no aceptamos invasiones competenciales”, dijo Quevedo para agregar que “nos parece que los grandes asuntos”, recogidos en la Carta Magna, deben ser tratados en el Congreso de los Diputados para expresar la voluntad política, en este caso, de “corregir el drama” del acceso a una vivienda adecuada.
Abogó por actuar para proteger a las familias y personas más vulnerables frente a los desahucios y lanzamientos hipotecarios y que las medidas adoptadas en ese sentido sean moduladas por las comunidades en base a sus responsabilidades.
En similares términos se pronunció sobre las iniciativas relativas a las ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio del alquiler, la limitación del arrendamiento a residencias de grandes propietarios, la definición de una zona tensionada, la imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública y la creación de la unidad asequible incentivada, entre las principales medidas contenidas en este texto gubernamental.
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