El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la participación de Juan José Martínez, encargado del área de Hacienda, se ha reunido esta mañana en el Consejo de la Municipalidad de Canarias, donde ha reclamado que “todos los proyectos de ley que impliquen nuevas tareas o funciones para los diferentes ayuntamientos de las Islas lleven aparejado, coherentemente, una financiación acorde a esas nuevas tareas que tendrán que afrontar y acometer”, argumentó Martínez.
“Específicamente –añadió el concejal de Hacienda- me he referido al Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía que está a punto de entrar en el Parlamento de Canarias, lo que sin duda va a llevar consigo la asunción de nuevas tareas por parte los dispositivos municipales” y alude a que “el área de Acción Social y, específicamente, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) deberán afrontar estas nuevas tareas y tendrían que ser debidamente compensados en personal para cubrir las necesidades de atención a la ciudadanía más vulnerable de los municipios”.
Fundamentalmente, Martínez insiste en que “porque se convierte en un factor crítico de éxito para que la actualmente tan mal gestionada área autonómica de Derechos Sociales, bajo la responsabilidad de Noemí Santana”, señala el concejal, al tiempo que afirma que “es el área que tiene precisamente que ver con la Prestación Canaria de Inserción (PCIs), la Dependencia y la Renta de Ciudadanía futura puedan funcionar de manera adecuadas”.
El concejal de Hacienda de Santa Cruz enfatiza, además, que “en el caso de la Renta de Ciudadanía, parece que la consejera de Derechos Sociales no tiene en cuenta que esta nueva Ley supone, en su plasmación práctica, un trabajo de gestión, seguimiento, acompañamiento inclusión y revisión que recae en las corporaciones locales” y argumenta que “lo que no queda claro, ni de lejos, es que no se defina, a la misma vez, que estas nuevas tareas estén contempladas en el incremento presupuestario plurianual acorde al papel que habrán de jugar en esta gestión los ayuntamientos”.
“Hay que tener en cuenta –detalla Juan José Martínez- que en la actualidad no existe por parte de la consejería autonómica ni planificación ni medidas ajustadas a la realidad de los peticionarios” y finaliza alertando de que “el hecho de que los solicitantes de la Renta de Ciudadanía deban solicitar también el Ingreso Mínimo Vital complica los trámites a la ciudadanía y multiplica el trabajo que deben realizar los técnicos, por lo que la necesidad de la dotación para personal y gestión es inapelable”.
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