El Gobierno plantea bajar los alquileres de grandes propietarios y congelar el de los pequeños

Según han detallado fuentes de Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo que se topó ayer la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.

Junto a ello se establecerán medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable, como ha apuntado en Twitter la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

"Han sido largos meses de negociación pero el acuerdo para la ley de vivienda marca un hito histórico en nuestro país. Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda. ¡Sí, se puede!", ha reconocido en su comentario en redes.

Este martes ha transcendido el acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para dar próximamente luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y también a la Ley de Vivienda, que tenía que haberse aprobado hace siete meses.

Este pacto permitirá al Gobierno aprobar próximamente sus cuentas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no podrá llevarlas al Consejo de Ministros de este martes, como se había comprometido en un principio. No obstante, fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.