Las principales compañías eléctricas han decido presentar batalla contra el plan del Gobierno para abaratar la factura de la electricidad que entra en vigor este jueves. Y lo han hecho amenazando directamente con parar las centrales nucleares, que proporcionan entre el 20 y el 25 por ciento de la energía eléctrica que consume el país.
Este chantaje en toda regla planteado por el sector -representado principalmente por gigantes como Endesa, Iberdrola y Naturgy- compromete no solo la viabilidad del plan gubernamental sino que pone en riesgo el abastecimiento necesario para el funcionamiento de las actividades domésticas e industriales del país. Las eléctricas, a través de su patronal, Aelec, han calificado de "injustas y desacertadas" las medidas que recortan los beneficios extraordinarios que obtienen a través de las centrales nucleares e hidráulicas y critican el intervencionismo gubernamental.
El problema es que bloquear el sistema, como amenazan las compañías, tendría graves consecuencias para la economía, ahondando el problema del incremento de la factura que afecta al conjunto de ciudadanos y empresas, con efectos en la subida generalizada de precios de productos y servicios. La electricidad generada por centrales nucleares es actualmente imprescindible para el funcionamiento del sistema, ya que supone una aportación constante que no proporcionan otras fuentes que dependen de la meteorología y el ciclo del agua, y cuya generación no podría ser compensada por la de combustibles fósiles por sus costes.
La torpeza del Gobierno central, sorprendido por una situación sobrevenida ante la que no ha sabido establecer una hoja de ruta realmente efectiva, no puede contestarse elevando la puja y amenazando con bloquear el sistema; especialmente cuando pase lo que pase, la factura siempre la van a acabar pagando los mismos, ya sea con el modelo actual o con el nuevo modelo planteado por el ministerio que prevé aplazar pagos para cuando la situación permita asumir menores costes.
Las eléctricas contestan con un chantaje a una chapuza del Gobierno. En medio, ciudadanos y empresas observan incrédulos e indefensos la pugna política y la batalla planteada por las grandes empresas. Así no es de extrañar que la crispación ciudadana siga en aumento y las movilizaciones de protesta empiecen a producirse; como la convocada este jueves en Palma frente a la Delegación del Gobierno.
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