Solo el Barranco del Agua, en Puntallana, recibe el informe favorable de la Comisión, otros 6 expedientes son condicionados y 3 negativos
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, reiteró la necesidad de que el departamento que dirige “deje de ser un obstáculo, y se convierta en un medio para el desarrollo del planeamiento en el Archipiélago, con una mejor coordinación y colaboración con ayuntamientos y cabildos”. Así lo aseguró tras presidir la reunión de la Comisión Autonómica de Informe Único.
La Comisión de Informe Único abordó un total de 18 expedientes, de los que seis corresponden a daciones de cuentas de diferentes sentencias y dos de ellos quedaron sobre la mesa, la modificación del Plan General (PGO) de Las Palmas, en el ámbito del Cementerio de San Lázaro, y la modificación del Plan General de Puntallana en el ámbito de la Vereda Lomo del Pino.
Solo un expediente recibió informe favorable, relativo a la modificación de las normas de conservación del sitio de interés científico Barrando del Agua, en Puntallana. Otros seis recibieron informe favorable condicionado: en La Oliva, Pájara, Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana (3). Otros tres no lograron el informe positivo, dos en La Matanza y uno en Arafo.
El consejero ha reiterado la necesidad de “reenfocar las relaciones con los ayuntamientos de las Islas a la hora de tramitar su ordenamiento, porque el Gobierno tiene que ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para impulsar su planeamiento, somos colaboradores y nuestro objetivo es que logremos para las Islas un desarrollo territorial en el que llegar a acuerdos mediante el diálogo sea el principal fin de trabajo”.
Manuel Miranda ha indicado que la Consejería “no puede ser un cuello de botella, o convertirse en una especie de alta inspección que sea insalvable, sino que ha de transformarse en un instrumento cercano y eficaz, en el los municipios vean un aliado”.
El consejero ha recordado que en breve dará comienzo un “proceso de análisis y diálogo con corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales que nos lleve a mejorar la Ley del Suelo, para profundizar en su filosofía y objetivos, en la simplificación y racionalización de los procedimientos para que la Ley, efectivamente, no sea un obstáculo sino un medio para facilitar el desarrollo social y económico, mientras se garantiza la protección de los espacios que así lo requieran”.
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