Las personas mayores, y no tan mayores, exigimos que la forma de relacionarnos con la banca no pueda ser impuesta, sino voluntaria. Tenemos el derecho de poder escoger, voluntariamente, la forma de relacionarnos con la banca: o digital o el trato
humano, que debe ser eficaz, correcto, amable y considerado.
NO consentimos que nos impongan la digitalización de los servicios bancarios.
Imponer la digitalización a personas que no dominan los medios digitales y se ven impotentes y solas, provoca, angustia, dolor y sufrimiento, lo que implica una inmoralidad en su trato en la prestación de los servicios a los usuarios de la banca.
Toda persona tiene derecho a recibir la ayuda necesaria para realizar sus gestiones con la banca o la administración pública, sin que su desconocimiento de los medios digitales pueda privarle de servicios esenciales relacionados con su patrimonio financiero, sus derechos y obligaciones económicas. Esto también implica mantener un número suficiente de empleados que dé calidad al servicio.
La banca y la administración pública deberá dedicar personal a ayudar a las personas mayores que opten por una gestión digital en el manejo de estas herramientas.
Asimismo, las comisiones abusivas a personas que cobran menos de mil euros al mes fomentan la exclusión social y una manifiesta inmoralidad de la banca, aprovechándose de su poder económico, sobre todo cuando nos obligan a tener una
cuenta bancaria para cobrar de la administración pública, sueldos, becas, pensiones, etc.
Esto también ocurre en el trato a los usuarios por parte de la burocracia en las administraciones públicas, forzando a las personas a un uso exclusivo de los medios digitales, imponiendo la deshumanización administrativa, que provoca dolor y sufrimiento; y, por lo tanto, un trato inmoral. Tenemos el derecho de elegir el trato humano o digital, sin que nos impongan como única opción la relación digital.
Derecho a la accesibilidad de trámites para servicios administrativos esenciales.
En el caso de los medios digitales, la banca y la administración deberán configurarlos para que sean simples y didácticos, además de seguros y eficaces.
La banca y la administración pública deberá dedicar personal a ayudar a las personas mayores que opten por una gestión digital en el manejo de estas herramientas.
En ningún caso una persona que alegue dificultades en la realización de trámites digitales resultará perjudicada por el vencimiento de plazos cuando la gestión no haya podido efectuarse por esta razón.
Este manifiesto está firmado por:
FITAPA ( FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (450)
FEPECO ( 48 GRUPOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN)
ALIANZA DE VECINOS DE TENERIFE
GESTORA DE USUARIOS DEL PARQUE GARCÍA SANABRIA
SINDICATOS.: UGT, CC.OO. CSIF. STAP
PARTIDO 3 EDAD EN ACCIÓN