Con demasiada frecuencia se publicitan estos macroproyectos como sostenibles, falseando la realidad y engañando a la población para beneficio propio. Un claro ejemplo lo tenemos en “Cuna del Alma”, que debería llamarse “Tumba del Alma” por destruir la identidad del territorio costero (ver imagen).
Este proyecto ya ha levantado grandes masas de tierra destruyendo restos arqueológicos y el hábitat natural, afectando numerosos ejemplares de plantas nativas y zonas de reproducción y alimentación de aves, reptiles y un multitud de invertebrados. En su lugar, se están plantando palmeras exóticas del género americano Roystonea, a la vez que se elimina la vegetación nativa.
Se modificará drásticamente la bahía del Puertito de Armeñime al construir una playa artificial con club privado en primera línea de costa, incrementando la contaminación química, lumínica y acústica sobre los organismos costeros y marinos.
La construcción del proyecto pone en peligro zonas limítrofes con figuras de protección como el Sitio de Interés Científico de La Caleta; un área prioritaria para la conservación, alimentación, reproducción y concentración de avifauna canaria, que comprende un hábitat de interés comunitario el tabaibal-cardonal y la Zona de Especial Conservación (ZEC) "Franja Marina Teno-Rasca" de la Red Natura 2000. El año pasado, este ZEC fue catalogado por la Alianza Mundial de Cetáceos como el primer Lugar Patrimonio de Ballenas de un país europeo, tercero a nivel mundial después de Bluff, en Sudáfrica, y Harvey Bay, en Australia.
El reconocimiento nacional e internacional del patrimonio tinerfeño no parece tener el suficiente peso como para garantizar su conservación. La ley 19/2003 es clara al establecer como estrategia la reducción del consumo de suelo y recursos, conteniendo el crecimiento poblacional en islas superpobladas como Tenerife, así como en áreas capitalinas y corredores costeros.
Tanto “Cuna del Alma”, como los otros macroproyectos turísticos planificados, incumplen la normativa vigente al no contar con estudios de capacidad de carga local e insular, exigido por la citada ley, dado que el Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife (PIOT) es anterior a la entrada en vigor de esta.
Se requiere de un estudio específico donde se evalúen, entre otros factores, la capacidad ecológica, paisajística y la afección a los recursos naturales existentes, algo que no ha sido incluido en los documentos de planeamiento que establecen los citados suelos urbanizables y urbanos.
Como resultado, la inseguridad jurídica sigue vigente con fuertes costes sociales, ambientales y paisajísticos. Dada la incapacidad gestora demostrada hasta el momento por las administraciones públicas, el traspaso de la competencia de Costas desde el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, previsto para el 2023, podría significar para los ecosistemas costeros el empuje final hacia un punto de degradación total e irreversible.
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