Los jueces piden ampliar la prescripción de corrupción

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la “dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción”, para que sus titulares se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del día”, así como la “revisión y, en su caso, supresión de aforamientos”, al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos”.

Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, “en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial” y en el que afirman estar “preparados” para afrontar los retos actuales, pero advierten de que “solos” no pueden por su dependencia “en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales”.

“El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo”, ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a “sacar la justicia del debate político” y ha reclamado “un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener”.

Han abogado asimismo por limitar los indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y la suspensión de la pena mientras tramitan la petición, tras el “abuso” registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear “una policía judicial auténtica”, la figura de “juez asesor” y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.

En materia de corrupción, piden ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.