"La mayor deficiencia del sistema educativo es que se utiliza políticamente"

Pedro Crespo es presidente del sindicato ANPE, mayoritario en Canarias para docentes no universitarios, desde hace cuatro años. Se licenció en Física y es profesor de la asignatura de Tecnología para alumnos de ESO.

La Consejería de Educación publicará una oferta de 344 plazas para 2015 y 2016, ¿Cumple esta convocatoria con las demandas de su colectivo? ¿Cómo valora que no se convoquen plazas en la especialidad de Primaria?

Responde en gran medida a las pretensiones que teníamos. No a la totalidad pero sí a la mayoría. Hay una cuestión muy importante cuando hablamos de plazas de oposiciones, y es la concurrencia con otras comunidades autónomas, lo que llamamos el efecto llamada. Este año hay oposiciones convocadas en casi todas las comunidades y solo en alguna de ellas se han convocado plazas de secundaria. En principio, la Consejería pretendía convocar en Canarias de varias especialidades de secundaria, de técnico de formación profesional, Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio…cuando en la comunidad referente a ese nivel, que es Andalucía, no se iba a ofertar ninguna plaza de Secundaria, sino solamente para el Cuerpo de Maestros. Por tanto una de nuestras pretensiones era que no convocasen de ninguna de esas especialidades este año porque hay un acuerdo tácito entre comunidades autónomas para convocar un año para el Cuerpo de Maestros (Primaria) y al siguiente Secundaria, alternativamente.

En cuanto a la especialidad de Primaria no vimos la conveniencia de sacarla este año porque la regulación que hay ahora mismo (decreto y Orden) exige presentarse a la especialidad convocada para continuar en las listas. Para el colectivo de interinos es un requisito presentarse. El planteamiento es que cuando se saca el decreto se establece un plazo de tres años para realizar la fase de oposiciones, por lo que puede ser al año que viene o al siguiente. La oferta de plazas, en general, es insuficiente. Si se jubilan en Canarias 700 profesores sólo se pueden cubrir 350 plazas, porque la tasa de reposición es solamente del 50%. Y no tiene ningún sentido. Porque si se jubilan 700 lo normal sería poner los mismos 700 y mantener la plantilla mínima. Esta restricción en la tasa de reposición se establece a nivel nacional, y el año pasado era sólo del 10%. Este año se ha permitido que sea del 50%, por eso se convocan cerca de 350 plazas.

Según ha señalado en declaraciones a diferentes medios, la estabilidad del profesorado es prioritaria para una educación de calidad, ¿es posible conjugar esa estabilidad con la renovación del profesorado y las expectativas de los nuevos aspirantes?

Se puede conjugar perfectamente. Nosotros pedimos que se valore, a efectos de futuras convocatorias, haber aprobado oposiciones y no haber obtenido plaza. Demandamos que a nivel nacional se recoja la posibilidad de que la gente que tiene experiencia pueda optar con cierta facilidad a una plaza y, después, otras plazas para la gente de fuera. Lo que no se puede es blindar y decir que todas las plazas son para los que están dentro. Pero tampoco debemos crear un sistema en el que no se valore que tú lleves dando clases 20 años y sólo se tenga en cuenta que saques la mejor puntuación en la prueba. Hay que conjugar ambas cuestiones, y se puede perfectamente.


Cada año, la publicación del informe Pisa evidencia un nivel bajo de rendimiento de los alumnos españoles respecto a otros países de nuestro entorno. ¿Cuáles son las deficiencias de nuestro sistema educativo que determinan estos pobres resultados?

Para hacer una valoración hay que tener en cuenta de dónde partimos. No es lo mismo partir de la realidad que teníamos en los años 70 a la realidad que tenemos ahora. La evolución de España ha sido mucho mayor que la de otros países. Por otro lado, la mayor deficiencia que tiene el sistema educativo en España es que se utiliza políticamente. Se suelen comparar los resultados con Finlandia y es falso que sea una panacea. Lo que ocurre es que no se toca el sistema educativo, independientemente del partido que gobierne. Con la educación no se juega. ANPE se ha manifestado absolutamente en contra de la LOMCE porque no estamos de acuerdo con ella, pero es la ley que tenemos ahora. Si cambia el signo político en unos meses en nuestro país, cambiará la ley educativa. ANPE demanda un acuerdo por la educación en España. El anterior ministro Gabilondo lo planteó pero, precisamente por cuestiones políticas, no se firmó. Eso es lo que no se puede permitir. Cuando hablamos de los malos resultados del informe Pisa u otros informes, si vamos a la raíz, estamos convencidos de que ese es el problema.


La violencia en las aulas preocupa cada vez más a la comunidad educativa, ¿sienten los profesores indefensión o inseguridad en el desempeño de sus funciones?


En primer lugar no es una cuestión generalizada. No es cierto que los docentes no podamos dar clases porque somos agredidos frecuentemente. Desde ANPE tenemos el servicio del defensor del profesor que pretende dar respuesta a agresiones físicas o amenazas que sufrimos los docentes. Y son pocas, pero muy graves. Ahí es donde entendemos que la Administración tiene que dar respuestas más allá de intenciones y buscar soluciones a estas situaciones cuando ocurren. El respeto a la función docente que se tenía hace unos años no es el que se tiene hoy. A nivel social tenemos mucho que avanzar porque el concepto del profesor como autoridad bien entendida se está abandonando cada vez más. Se tiende al ninguneo de la función docente. Es una cuestión social en la que tenemos que implicarnos todos.

Desde su colectivo se ha criticado que la Consejería no ha sido un interlocutor frecuente y que la Mesa Sectorial no se reunió hasta finales de enero…


Cuando llegó este consejero, lo saludamos muy positivamente porque veníamos de un periodo anterior en que la negociación no había existido. Había existido la imposición. La primera intención del consejero fue negociar pero no se ha traducido en hechos. Constato que el primer acuerdo que se firma en esta legislatura ha sido a final de enero, que fue el acuerdo para estabilidad del personal interino y la convocatoria de oposiciones. El 2 de enero, ANPE le transmitió al consejero los diez retos que plantea este sindicato, mayoritario en Canarias, a la Consejería de Educación desde el punto de vista del profesorado. Muchos de ellos no cuestan dinero, por lo que los recortes no son excusa. Confiamos que en estos meses restantes de legislatura se ande todo lo “no andado.”


Con la crisis económica se ha producido un deterioro de las condiciones laborales y, además, desde su colectivo denuncian que los salarios de los docentes canarios son menores que en otras comunidades autónomas. ¿Por qué se produce este agravio comparativo? ¿Cuál es el balance de estos años de crisis para los docentes?


ANPE entiende que es vergonzoso que seamos los docentes peor pagados de todo el Estado. Demandamos a la Consejería una negociación real que posibilite, al menos acercarnos a la media de lo que cobra un docente en España. Entendemos que no es una pretensión excesivamente ambiciosa. Es lo menos que podemos pedir. No podemos seguir a la cola porque no nos lo merecemos. Los docentes canarios no somos peores que los de otras comunidades autónomas. Las condiciones laborales impuestas a partir de la crisis han repercutido en los docentes y, por ende en la práctica de la educación, básicamente en tres cuestiones: aumento de los horarios lectivos, de las ratios de alumnos por profesor y en la disminución de docentes. Con la caída de los docentes se dificulta o imposibilita la labor de los profesores de apoyo, de las medidas de la atención a la diversidad, desdoble de grupos, determinados proyectos para alumnos disruptivos…Al haber menos profesores en los centros no se pueden cumplir estas funciones. Los profesores van a impartir su materia y nada más, lo que es un detrimento muy negativo. Y los resultados no se verán a corto, sino a medio plazo, lo cual es más peligroso todavía.

Las reformas en educación son constantes y a menudo contraproducentes porque el gobierno entrante deroga la ley del gobierno saliente, y así sucesivamente. Considerando el carácter prioritario de la educación para la vida en sociedad, ¿es necesario un pacto estable y duradero en esta materia?

Sin ninguna duda. Pongo de manifiesto la necesidad de retomar la intención del ministro Gabilondo. Fue un referente que se dejó pasar por cuestiones políticas. ANPE está convencido de que hasta que no exista un acuerdo político y social por la educación en España no saldremos de la situación de cola. Es imposible. No hay que mirar el corto plazo, que es lo que miran los políticos, sino que hay que hablar a medio y largo plazo. Invertir hoy para obtener resultados en el futuro. Pero las legislaturas sólo duran cuatro años y no hay ningún político que tenga dos dedos de frente y quiera mejorar este país en lo que a educación se refiere. Esa es la clave, es el primer fundamento para todo lo demás.