La convicción moral de los jueces

“El CGPJ, que es quien designa los magistrados que ocuparan los distintos órganos judiciales, empezando por el Supremo, deberá tener en cuenta como condición inexcusable de los designados tanto su independencia y competencia profesional como que reflejen proporcionalmente las distintas convicciones morales presentes en la sociedad”.

Esto dice el exministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo en una opinión que hoy publica El País, argumentando que la Justicia, en un Estado constitucional y democrático, emana del pueblo como una expresión más de su soberanía. No seré yo quien se atreva a discutir los principios jurídicos en los que basa sus afirmaciones el ex ministro, pero si tengo derecho a emitir mi opinión política, en tanto ciudadano que comparte con otros cuarenta y siete millones la soberanía de la nación de la que soy integrante.

La cuestión estriba en definir dónde están los límites entre una convicción moral y el sometimiento a la disciplina de una organización política, sea esta la que sea, y, en el caso de ser así, qué independencia se le puede reclamar al que está sujeto a estas obediencias, aunque solo sea por convicción moral.

Hay una contradicción en el mantenimiento de las dos premisas del aserto: la independencia y la convicción moral. Esta última, al pertenecer al equipaje íntimo de la persona, solo sería demostrable por medio de la afiliación de sus señorías a determinadas asociaciones ideologizadas, y esto, en sí mismo, equivale a que la convicción moral sea una convicción de conveniencia política. Por poner un ejemplo, qué convicción moral es aquella que se pueda cambiar en función de que cambien la suya los dirigentes a los que se debe la misma obediencia moral.

En los últimos tiempos hemos comprobado cómo lo que hace unos meses era rechazable, por un problema de necesidad virtuosa, deja de serlo a los pocos días. ¿Esto se puede trasladar al comportamiento de los jueces en base a sus convicciones morales? Estas cuestiones no las podrá sostener ni la doctrina constitucional ni el juicio de un político tan prestigioso como el propio Tomás de la Quadra-Salcedo. Vaya por delante que no soy jurista, pero si persona con derecho a emitir mi opinión, a la que someto previamente a un sosegado análisis lógico. Nadie me va a privar de ese derecho solo por el hecho de no coincidir con sus conclusiones. Admitamos que las mías valen tanto como las de los otros. Eso, aunque mal explicado, es lo que intenta decir el ex ministro en su artículo, y esto es lo que intento replicar en el mío.

A ver si me va a pasar como al del chiste del que, desde la ventana del psiquiátrico, le dice a un conductor cómo debe hacer para cambiar la rueda del coche. La respuesta es: “Yo estoy aquí por loco, no por idiota”. Ustedes ya me entienden.