El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias sabe que las imputaciones son un lastre demasiado pesado para presentarse a las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Por eso, cuando estalló el caso Corredor, el alcalde de La Laguna se impuso un plazo máximo para retirar su candidatura. Clavijo esperaba saldar sus cuentas con la justicia en el mes de enero pero, en vista de los acontecimientos recientes, el procedimiento amenaza con alargarse más allá de la fecha de la cita electoral, el 24 de mayo.
Fernando Clavijo se enfrenta a acusaciones de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias. La fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife investiga al alcalde por las subvenciones para realojar a los vecinos de edificios afectados por aluminosis en Las Chumberas. Entre ellos, y por tanto receptores de la ayuda, figuran personas del entorno del consistorio como Ricardo González, asesor del Ayuntamiento, y la edil María José Castañeda. Además la fiscal María Farnés también apunta a trato de favor en la concesión de licencias de obra al bar Plaza; así como a los propietarios de las discotecas Palco y Utopía, que vulneraban las limitaciones de ruido y horario para este tipo de locales sin ser sancionados. Farnés reforzó el jueves pasado la imputación inicial por tráfico de influencias al tiempo que descartó la acusación por supuesto enchufe en la empresa de limpieza Urbaser.
La misteriosa desaparición del auto judicial que autorizaba las escuchas telefónicas a Clavijo abre la posibilidad de solicitar la nulidad de la prueba. Los abogados defensores rechazaron el documento que el juez César Romero Pamparacuatro les presentó el miércoles pasado. El original se había extraviado así que el magistrado sólo contaba con una copia extraída del sistema Atlante, el soporte digital de la Administración de Justicia de Canarias. Las imputaciones del caso Corredor se basan en los pinchazos telefónicos que Pamparacuatro autorizó en 2010 y, si se declaran nulas por falta del auto original, el cimiento en el que se sustentan las imputaciones se diluiría.
El origen del caso se remonta a febrero de 2008, cuando un empresario de la noche denunció irregularidades en la actuación de autoridades policiales y municipales. El denunciante afirmaba que miembros de la Policía Local permitían infracciones de la normativa de horario y ruido siempre que recibieran dinero como contrapartida. Asimismo, aportó una grabación supuestamente tomada en el despacho de Clavijo, por entonces concejal de Seguridad de la Laguna, en la que le permitía abrir la discoteca más allá del horario reglamentario. En cualquier caso la grabación fue posteriormente declarada ilegal por el juez del contencioso-administrativo, aunque sirvió como indicio para que el juez Pamparacuatro ordenara pinchar el teléfono de Clavijo en 2010.
Precisamente el extravío del auto judicial de esas escuchas es la esperanza de Clavijo para que el caso se archive. La justicia tiene sus tiempos, el plazo que Clavijo se impuso a sí mismo vence el próximo mes y las elecciones del 24 de mayo están a la vuelta de la esquina. Mientras, el caso Corredor ya cuenta con trece imputados, un auto desaparecido e hipótesis conspirativas de toda índole. Por ahora el electorado canario desconoce si el candidato de CC a la Presidencia será el alcalde imputado, el político que esquivó la justicia por una falla procesal o si le sustituirá otro aspirante. Este proceso judicial puede estar destrozando la carrera política de un hombre honrado o tal vez evite que los canarios aupemos a una manzana podrida a la parte más alta del árbol.
Si (
No(
