El Gobierno dice que el PP mentía al decir que los cambios en los delitos de sedición y malversación beneficiarían a los inculpados por el 1-O. Estas declaraciones no son muy acertadas porque inducen a pensar que un recurso de los afectados ante el Constitucional, ahora con mayoría progresista, no conseguiría alterar el auto del Tribunal Supremo por el que se mantiene la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras y otros, amén de los demás casos que están por juzgar. No es difícil entender esto.
La portavoz de ERC insiste en que la ley está bien hecha, mientras sus compañeros de partido achacan a la maldad de los jueces el resultado de la sentencia desfavorable a sus intereses. El propio Pere Aragonés asegura que ha sido redactada con venganza. ¿Quién tiene la razón aquí? Esto se parece mucho a lo provocado por la ley del sí es sí, pero sin Podemos.
Se ha hablado del comportamiento escasamente democrático de los tribunales de justicia, un sonsonete que estamos cansados de escuchar cuando sus señorías contradicen a las intenciones de las cámaras, no a la literalidad de los textos que de ellas emanan. Se ha extendido el argumento de que el poder judicial deberá estar sometido a la voluntad del legislativo, en contra de la independencia que les garantiza el artículo 117 de la Constitución. Son demasiadas las ocasiones en que los políticos se manifiestan en este sentido. Es más, podría decirse que la influencia que el Ejecutivo pretende tener sobre sus señorías, se encuentra como telón de fondo en el debate sobre el control partidario de sus órganos de gobierno y de sus instituciones, que ha adornado los últimos años de la política española.
La realidad es que quienes dicen estas cosas no están por acatar nuestra carta magna y no esconden su intención de eliminarla para sustituirla por otra más acorde con sus conveniencias. Al menos los grupos que apoyaron la investidura se declaran frecuentemente, sin recato alguno, en este sentido. El principio de esta historia es muy parecido al de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que empezó con uno o dos casos, como la pandemia, y ya va por más de cuatrocientos, y los que te rondaré morena. La reacción es la misma: una ley perfecta aplicada por jueces malvados. Luego vendría la rectificación y la adjudicación de responsabilidades a los autores de la chapuza.
Esto no ha hecho más que empezar, y cada vez estamos más cerca de casa de Pepe el Gago, es decir, de las elecciones del 28 de mayo. María Jesús Montero se ha apresurado a culpar al PP de este disparate, diciendo que mentían. Ahora se descubre que esa mentira no se encontraba en los efectos prácticos de la aplicación, sino en el espíritu, porque está claro que los socios independentistas, afectados por el fallo, esperaban que fuera de otra manera. En este caso debió ser a ellos a los que mintieron. Algo tendrán que decir en esta campaña que ahora comienza, digo yo.
¿Hasta cuando la ciudadanía va a seguir creyendo que todo lo que nos ocurre es culpa de unos jueces franquistas? Todavía no se ha logrado avenir a Podemos a la rectificación de la ley del solo sí es sí, y ya estamos metidos en otro lío que aún no es monumental, pero lo será en pocas semanas. Lo peor de todo es que en el partido socialista se habían alzado voces en contra de las últimas reformas del Código Penal. Dentro de poco el descontento dentro de una militancia técnicamente seleccionada superará a los adeptos al presidente.
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