El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se ha reunido con los promotores del denominado Manifiesto REF para reforzar la colaboración de modo que se apuntale la salvaguardia del Régimen Económico y Fiscal canario, que “es tarea de todos porque supone un instrumento decisivo para el presente y futuro de las Islas”. En la reunión participaron representantes de colegios profesionales, asociaciones de asesores fiscales, Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno canario, Fermín Delgado.
Como una de las conclusiones destacada, Rodríguez apuntó que “todos somos conscientes de que hay que tener la guardia alta porque no es fácil que el Gobierno de España de turno entienda lo que significa el REF para Canarias y que lo respeten como un conjunto de derechos singulares que hemos conquistado para compensar las dificultades por nuestra lejanía e insularidad”.
Entre otros aspectos, precisó el vicepresidente, “el REF es el 75% de bonificación al transporte de viajeros, el 100% para mercancías, el Posei adicional para el sector primario, la fiscalidad indirecta a tipo cero para todos los consumidores de combustible, la lucha contra la pobreza, la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC)”.
No obstante, a corto plazo, advierte el riesgo grave de la Directiva europea en trámite (el próximo martes se reúne el Ecofin como primer paso) para establecer una tributación mínima por impuesto de sociedades del 15% que se aplicaría a grandes empresas, con una facturación anual superior a los 750 millones de euros.
Fermín Delgado alertó de que el Gobierno de España no ha conseguido hasta la fecha que se exceptúe de esa norma a Canarias, como sí se hizo en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Aparte de las consecuencias de la aplicación de la Directiva en las Islas, subrayó la especial gravedad de que “se cree un precedente que atenta contra nuestros derechos, de manera que abriría la puerta a que los incentivos del REF se pudieran limitar”.
El viceconsejero aseguró que “hemos estado y estamos haciendo todas las gestiones posibles singularmente ante el Ministerio de Hacienda, pero sin respuesta”. No entiende esa falta de determinación cuando en otros asuntos, como las políticas agrícolas y fiscales de la UE, sí se han conseguido excepciones para Canarias defendidas por el Gobierno central.
Román Rodríguez añadió como otra preocupación el comercio triangular a través de la ZEC. Desde junio del año pasado, la Dirección General de Tributos del Estado comunicó que no considera autorizable el comercio con bienes que no pasan por Canarias, aunque las empresas estén radicadas aquí, a pesar de que el Consejo Rector de la propia ZEC (dependiente del Ministerio de Hacienda) lleva 20 años autorizando esa actividad. En suma, un conflicto que “es cuestión de voluntad política y al que hay que darle solución antes de junio mediante una modificación legislativa”.
Asimismo, se refirió a la falta de atención del ministerio para permitir a Canarias a devolver a los afectados por la quiebra de Thomas Cook el IGIC que pagaron por facturas que no llegaron a cobrar. “Es incomprensible que en la Hacienda canaria pretendamos hacer las devoluciones y desde Madrid no realicen la modificación legal para que sea posible, algo que no les afecta”, denunció el vicepresidente.
Ya en otro plano, situó las dificultades de interpretación de aspectos fiscales técnicos propios del Archipiélago por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para lo que considera interesante la creación de una comisión conformada por representantes de las haciendas canaria y estatal a la que “deben incorporarse profesionales fiscales privados y docentes especializados con el objetivo de mejorar la aplicabilidad y evitar litigios”.
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