La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha solicitado que se nombre la ponencia para aprobar el mandato marco de la televisión pública canaria. La diputada ha solicitado que esta propuesta se incluya en el orden del día de la próxima Junta de Portavoces, que se celebrará el 18 de abril y será entonces cuando se vea “qué partidos siguen poniendo palos en las ruedas para que este Parlamento cumpla con la ley” y pueda decidir, de una vez, el modelo de la televisión pública. “NC, Podemos y PSOE se retratarán”, ha dicho Espino que ha insistido en que se deje trabajar a los grupos.
Espino, ha denunciado que la mayoría del pacto de las flores sigue paralizando el mandato marco al “haber dilatado, de manera innecesaria”, el informe de la Audiencia de Cuentas que la Mesa del Parlamento tardó tres meses en admitir a trámite. La diputada ha asegurado que esa demora, desde el 29 de octubre de 2021, en que se registra, al 24 de enero de 2022, tres meses después, cuando se admite a trámite y se acuerda dar traslado al resto de los grupos pero que no se hizo, “no es habitual” en la Cámara regional, donde este procedimiento se realiza en “cuestión de días”. El informe no se trasladó a la comisión correspondiente, que tampoco informó de que estaba a disposición de los portavoces de la comisión de RTVC, como también es habitual.
Espino ha explicado que el motivo de ese retraso y falta de información se debe a que “si se aprueba el mandato marco y decidiéramos ir a un modelo de televisión totalmente público se tendría que paralizar el concurso de los 58 millones de euros que ya está en marcha para la adjudicación de los equipos e instalaciones de la televisión”, tal y como se recoge en el decreto que habilita a Moreno a convocar ese concurso, ha aclarado la diputada.
La diputada también ha recordado que, según la propia Audiencia de Cuentas, la diferencia económica del coste de una televisión pública-privada o una televisión totalmente pública es de 800.000 euros, “una cantidad asumible”, por lo que ha insistido en la necesidad de cumplir, cuanto antes, con la ley porque, además, permitirá dar estabilidad a los trabajadores subrogados. De los 408 trabajadores con los que cuenta actualmente la RTVC, 279 son subrogados y provienen de ocho empresas diferentes, cada una con su convenio colectivo por el que se siguen rigiendo, ya que la televisión no cuenta con uno propio.
Durante su intervención Espino ha mostrado su sorpresa por “el aumento considerable de la plantilla, desde que Moreno está como administrador único del ente”. En este tiempo se ha incrementado en 72 trabajadores, de los que 56 han sido contratados de forma temporal “por necesidades de producción”, según recoge el informe de la Audiencia de Cuentas y por las que preguntó la diputada pero sobre las que el administrador no respondió.
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